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El no a la repotenciación y las sentencias que bloquean el despliegue eólico en Galicia

Publicado: diciembre 21, 2025, 3:12 am

Ha pasado casi medio siglo desde que los primeros parques eólicos comenzaron a erigirse en las colinas y montes gallegos, aprovechando las ventajas orográficas, la disponibilidad de terreno y los frecuentes vientos atlánticos. Y pese a que Galicia se convirtió la principal región productora de esta energía verde en España, la actualidad es otra. Con aproximadamente un centenar de parques eólicos cuya tramitación se ha visto interrumpida por procesos judiciales que se suceden desde hace años, lo que supone prácticamente la mitad de la energía eólica que podría estar generando, esta comunidad autónoma se enfrenta a un nuevo varapalo: el recurso del Gobierno central contra la repotenciación. Ya desde 2018, el Parlamento Europeo invitaba a apostar por este proceso, que consiste en sustituir los aerogeneradores antiguos por modelos más modernos y eficientes , permitiendo reducir el número de molinos y su impacto paisajístico sin reducir la capacidad de generación de energía. En el caso de Galicia, además, daba respuesta al problema de la obsolescencia, ya que al ser una de las regiones pioneras en instalación eólica, mucho de los parques en funcionamiento desde finales de los años 90 se encuentran al límite de su vida útil, que se sitúa en el entorno de los 20 y 25 años dependiendo del grado de mantenimiento a juicio de la Xunta de Galicia. Todo ello teniendo en cuenta que los aerogeneradores más antiguos se encuentran en las zonas de mayor aprovechamiento del aire y la orografía del territorio gallego. Por lo tanto, desde la comunidad autónoma se apostó por la repotenciación, teniendo ya aerogeneradores capaces de generar más de 6 MW de energía frente a los antiguos que en rara ocasión superan los 1,5 MW -con la mayoría en el entorno del 0,6 MW de producción-. Y pese a que la sustitución permite, por ejemplo, pasar de 60 a seis molinos manteniendo la misma potencia instalada , la realidad es que la energía producida por estos nuevos aerogeneradores es mayor gracias al aumento del tiempo de funcionamiento. Al necesitar menos viento para funcionar, los nuevos molinos permiten dar un salto desde las 2.500 horas de funcionamiento al año que ofrecían los primeros eólicos instalados a más de 3.000 horas anuales, lo que supone producir más energía con la misma potencia instalada. Un acicate más para impulsar la energía eólica que, además de permitir reducir la dependencia de otras fuentes de energía como el gas natural o el petróleo, baja el precio general de la electricidad al ser la más barata -con la solar- del mix energético, lo que se traduce en el bolsillo del consumidor pero también en la facturas de las empresas , especialmente las electrointensivas. Un factor clave de cara a garantizar la productividad y competitividad de la industria en un contexto como el europeo, en el que la descarbonización de la economía y la transición hacia un modelo energético sostenible son prioridad. Todo ello sin mencionar la oleada de inversiones internacionales en infraestructuras vitales para tecnologías como la Inteligencia Artificial, para lo que se están llevando a cabo proyectos de gran envergadura como los centros de datos que necesitan, precisamente, de mucha energía. Antes de que el Gobierno recurriese ante el Tribunal Constitucional la ley gallega que regula la repotenciación, Galicia ya había sustituido los aerogeneradores de cinco parques eólicos en la provincia de La Coruña, con ejemplos como el del municipio de Zas, donde se pasó de 80 a 10 molinos sin perder potencia instalada. Con al menos 25 parques bajo lupa por su antigüedad, el recurso bloqueó, al menos de momento, que Galicia siga repotenciando. La comunidad autónoma cuenta con 193 parques eólicos en funcionamiento y una potencia instalada de 4.020 MW, lo que supone el 38,4% de la electricidad total generada, situándose como la cuarta comunidad en potencia eólica instalada. Una caída de la primera posición del ranking derivada de los 228 recursos judiciales que afectan a 92 proyectos eólicos y han suspendido 86. El resultado no es otro que el estancamiento casi total desde el año 2020, dejando en el limbo la instalación de 2.497 MW de potencia y sumiendo al sector en una inseguridad jurídica pese a los pronunciamientos a favor del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el criterio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con recursos todavía pendientes de resolución. Por si fuera poco, el freno a la repotenciación en Galicia, una de las pocas vías para aumentar la producción renovable eólica en este contexto, fue acompañado por la intención del Gobierno de llevar a cabo su propia normativa para repotenciar . En noviembre aprobó un decreto que establece un periodo de nueve meses para desarrollar una hoja de ruta nacional para la «dinamización de la repotenciación», un freno que desde la Xunta calificaron como un «fraude a los gallegos

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