Publicado: septiembre 17, 2025, 2:00 am
En ocasiones anteriores, abordé en esta columna muchos de los problemas de índole práctica que podrían presentarse para implementar la malograda reforma judicial que se aprobó el año pasado.
Más allá del evidente propósito que motivó la reforma -la eliminación de contrapesos al concentradísimo poder de Morena-, se anticipaban problemas estructurales para su implementación, que cuestionaban su viabilidad práctica. Los cargos judiciales serían muy poco atractivos para los candidatos, incluso para los que tuvieran protección o impulso políticos, pues implicaban sueldos bajos, poca estabilidad, una elevada carga de trabajo y la potencial presión de políticos, o del crimen organizado. El desgaste garantizado para los jueces electos se combinaría con los escuetos requisitos que se establecieron para acreditar su capacidad y preparación, además de la complejidad que traería la transición de los cargos, creándose una fórmula perfecta para el fracaso.
A un año de la reforma, todos y cada uno de los problemas pronosticados se han ido cumpliendo de forma evidente y orgánica, pero Morena no admitirá que mordió más poder del que podía masticar.
Lo primero fue la falta de recursos del INE para organizar la elección. Después, se hizo notoria la falta de interés generalizada por participar en la contienda. Faltando horas para que concluyera el periodo de registro, los entusiasmados candidatos simplemente no se inscribían. Luego vino el abstencionismo electoral sin precedentes, que no pudo revertirse ni siquiera con la publicidad masiva que contrató el régimen. Los pocos que salieron a votar, lo hicieron con los famosos acordeones, para los cuales Morena no ha logrado definir una excusa uniforme a la fecha.
Después de todo este desgaste, que el partido afrontó con valentía, con tal de darle al pueblo una cercanía con el Poder Judicial, resulta que a escasos días de que los jueces electos hayan tomado posesión de sus cargos, se han registrado varias renuncias. De acuerdo con notas periodísticas de los últimos días, por lo menos han renunciado ya seis jueces, dos de ellos en Tamaulipas, en materia civil, un juez en Durango, y otra jueza en materia laboral Veracruz, sin que hayan cumplido una quincena en el puesto. Aunque la mayoría no han expresado motivos claros, o se refieren a problemas personales, los jueces que renunciaron tienen en común la falta de carrera judicial.
No podemos saber si las renuncias se debieron a presiones políticas, o si la naturaleza y carga de trabajo simplemente no era lo que los jueces esperaban. Juzgar no es siempre tan divertido como parece en las películas, y tampoco se reduce a escuchar a dos vecinos o esposos quejarse del otro, y luego darle la razón a capricho al que suene más convincente. Para garantizar el derecho humano al debido proceso, se requiere leer pilas completas de expedientes, definir y acotar la litis, valorar pruebas conforme a criterios establecidos, pero sobre todo, conocer y estudiar la ley.
Lo que sigue para estos cargos es incierto. La reforma se concretó con tantas deficiencias que en algunos casos la legislación no prevé una solución clara. En algunos estados, los jueces serán reemplazados por quienes obtuvieron el segundo lugar en las elecciones, mientras que en otros, se designarán secretarios como jueces, lo que pone en duda la legitimidad democrática que supuestamente justificaba toda la reforma.
Lo que ha quedado claro es que la soberbia con la que se condujeron nuestros legisladores el día en que llevaron a cabo la tómbola para remover jueces, argumentando que acercaban al pueblo con la justicia, pero sin poder esconder su regocijo por destituirlos, hoy se ha reducido a un triste y patético espectáculo, pues el discurso que sostenía la reforma se ha derrumbado de la manera más transparente y orgánica.
