Publicado: agosto 17, 2025, 10:00 am
Después del intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos hace unas semanas y de la autorización de la petrolera Chevron para volver a operar en el país vecino, parecía que la confrontación política entre Caracas en Washington, aunque lejos de estabilizarse, al menos había desescalado. Sin embargo, está sucediendo todo lo contrario.
Por Ana María Rodríguez Brazón | EL TIEMPO
Sin embargo, hay algo de confusión en la ya acostumbrada forma de Donald Trump de abordar la política exterior. Y en el caso de Venezuela también, debido a los mensajes ambiguos con respecto a Caracas.
“El deseo de Trump de mantener a todos felices –y mantenerlos adivinando– se refleja en la política hacia Venezuela”, le dice a EL TIEMPO Michael Shifter, exdirector del Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad George Washington.
Shifter considera que el ecosistema estadounidense está compuesto por una facción dura de los “antimaduro”, que se evidencia cuando Marco Rubio dice que Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo y lo etiqueta como un “narcoterrorista”, y otra más pragmática que termina realizando canjes de presos con Caracas y otorgando la licencia a Chevron, velando por los intereses empresariales estadounidenses.
“Aunque es tentador centrarse en el aspecto radical o transaccional del enfoque de Trump hacia Venezuela, es prudente tener en cuenta todas sus contradicciones que probablemente continuarán”, acota Shifter.
Otros analistas consideran que efectivamente sí hay un nuevo cerco contra Maduro, pero lo que busca es algo más práctico: abrir el juego político en Venezuela.
Estas acciones de Estados Unidos “creo que están dirigidas a producir un cambio de conducta por parte del gobierno de Nicolás Maduro y obligarlo a forzar una negociación política de tal manera que se rompa el punto muerto que ha habido desde el 28 de julio”, dice a EL TIEMPO el politólogo Daniel Arias.
Para Arias, si no se logra destrabar ese juego, aumentaría el costo político y económico para Caracas, debido a que “las acusaciones de envolver a todo el gobierno dentro de la trama delictiva hacen prácticamente imposible la inversión internacional”.
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