Publicado: febrero 6, 2025, 2:59 am
La salida de José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y su sustitución por Marc Murtra, un hombre más afín al Gobierno de Pedro Sánchez, no es un caso cerrado. Hoy el Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), la asociación que representa los intereses de los consejeros de las empresas españolas y defiende las buenas prácticas en el gobierno corporativo, ha publicado una nota en la que pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) que investigue la legalidad de ese relevo y el papel jugado por el Ejecutivo en todo ello. Exactamente, el IC-A ha solicitado al regulador que evalúe si con el cese de Álvarez-Pallete, CriteriaCaixa, la SEPI y la saudí STC llevaron a cabo una acción concertada que les obligaría a llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de la teleco. Y el IC-A no se ha quedado ahí, pues en su publicación también recuerda al Gobierno -sin prejuzgar la legalidad o no del relevo- que tiene la obligación de actuar de modo «ejemplar» en las empresas en las que sea accionista, evitando situaciones «en las que pueda ser acusado de estar bordeando los límites legales». En otro apartado del texto, el IC-A incide en la responsabilidad que tiene la Administración de garantizar que los administradores nombrados -por el Ejecutivo- «cuenten con las capacidades y la profesionalidad necesarias, en lugar de nombrar como administradores a personas simplemente por afinidad política». Hay que recordar que el pasado 18 de enero, el que había sido presidente de la teleco durante nueve años tuvo que dejar el cargo, y lo hizo debido a los cambios que se habían dado en el Consejo de Administración con la entrada de la saudí STC y el Ejecutivo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Una cosa siguió a la otra. A finales de 2023 la compañía saudí lanzó una bomba al anunciar la compra del 9,9% de la empresa española -a día de hoy STC aún no ha hecho efectivo el 4,9% que posee en derivados financieros ni tiene consejero en la mesa, aunque ha anunciado que pretende tenerlo pronto-. A esto siguió la compra de un 10% del accionariado por parte del Estado y la ampliación de los títulos de Criteria Caixa, también hasta el 10%. Se trataba de formar un ‘núcleo duro’ de propiedad española en la compañía, uno que para Álvarez-Pallete era de difícil gestión. Pues bien, hoy la asociación española de los consejeros ha decidido dar su opinión ante este culebrón que tan polémico ha sido estos días, y lo hace avisando de que un posicionamiento por su parte es algo excepcional, que solo hacen «en situaciones excepcionales o de suma gravedad» . Como ya se ha avanzado, el IC-A dice no presume «la legalidad o no» del relevo de Pallete, pero es evidente que el caso no está cerrado. Ahora, la pelota está en el tejado de la CNMV. En su nota, el IC-A recuerda al regulador que aunque los accionistas de empresas cotizadas tengan el derecho de cesar o nombrar a los consejeros en cualquier momento, estas decisiones deben involucrar a todos los accionistas, tanto a los relevantes como a los minoritarios que forman parte del ‘free float’. Además, la legislación española obliga a los accionistas que toman el control de una sociedad cotizada mediante una acción concertada a lanzar una oferta pública de adquisición por la totalidad de las acciones de la sociedad, con el objetivo de evitar que se produzcan acciones que bordeen la legalidad y que se obtenga el control de una sociedad sin pagar la prima correspondiente a todos los accionistas. La clave, por tanto, y la encomienda a la CNMV, es que analice si la actuación de Criteria Caixa, la SEPI y STC fue una acción concertada. Sobre esto, hay que recordar que la reforma de la Ley del Mercado de Valores en 2023 clarificó que el control de una sociedad puede alcanzarse no solo a través de pactos de accionistas clásicos sino a través de pactos «de otra naturaleza». A este respecto, el IC-A recuerda a la CNMV que en ocasiones anteriores el regulador se ha basado en los principios de la ‘White List’ de la European Securities and Market Authority (ESMA), que obligan a analizar los indicios existentes para dilucidar si la actuación conjunta de los accionistas supone una acción concertada. Más allá del caso concreto de Telefónica, el IC-A también ha aprovechado para solicitar a la CNMV que añada una nueva recomendación en su Código de Buen Gobierno Corporativo en el sentido de que las decisiones sobre ceses o nombramientos de consejeros correspondan a las juntas generales de accionistas -salvo en situaciones de urgencia-. «En términos generales y con mayor razón en situaciones en las que se promueven cambios relevantes en el consejo de administración, es preferible la elección directa por la junta general de accionista s. Esto permitiría un debate pleno y sin condicionantes previos, limitando el uso del procedimiento de cooptación a los casos de urgencia antes indicados», se lee en el comunicado de la Asociación Española de Consejeros. A su vez, la asociación también ha pedido reformas legislativas para que cuando los accionistas en las juntas generales de accionistas cesen a consejeros independientes permitan la participación en la decisión los accionistas que forman parte del ‘free float’.
