Publicado: diciembre 2, 2025, 1:36 pm
El Gobierno acordó la pasada semana con los sindicatos una subida retroactiva del 2,5% de los sueldos de los tres millones de empleados públicos para este año y se comprometió a pagarla de que acabara el mes de diciembre. Este martes ha aclarado que en realidad solo puede comprometerse a hacerla efectiva para los 540.000 funcionarios de la Administración General del Estado y que para el resto de los empleados públicos que trabajan en las administraciones territoriales deberán ser éstas en negociación con los sindicatos las que decidan cuándo formalizarla. Sucede que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos ya han avanzado que en muchos casos no podrán hacer frente al coste sobrevenido de este acuerdo salarial en diciembre, mes para el que ya tenían una planificación de tesorería que la subida salarial pactada por el Gobierno ha volado por los aires. «No es de recibo que se obligue a los ayuntamientos a poner encima de la mesa 700 millones de euros sin hablar con nosotros y sin pactar previamente un sistema de financiación», ha dicho este martes la presidenta de la Federación de Municipios, María José García-Pelayo, en relación a la subida salarial. El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha aclarado este martes que el compromiso del Gobierno es crear las condiciones jurídicas para que se puedan abonar los atrasos salariales que se deben a los funcionarios antes de que acabe el año y que el Estado así lo hará porque tiene margen, pero que eso no implica que sea obligatorio para el resto de administraciones territoriales que podrán abonarlo según el sistema que se acuerde en cada caso. El sistema arbitrado por el Gobierno amenaza con crear una brecha entre funcionarios. Mientras los 540.000 funcionarios del Estado recibirán la paguilla de Navidad por sus atrasos del año 2025, los 2,5 millones de funcionarios autonómicos y locales estarán a las disponibilidades de caja de que dispongan las administraciones en las que trabajan para saber si cobrarán ese dinero en diciembre, en enero o incluso en febrero como algunas comunidades autónomas ya han estimado que ocurrirá. La subida del 2,5% para 2025 acordada por Gobierno y sindicatos implica un coste extra de 3.500 millones de euros para las administraciones públicas. Algunas ya habían descontado en sus presupuestos iniciales una subida del 2% pero otras con una situación financiera más ajustada habían asumido la no actualización salarial de este año y se encuentran ahora sin margen presupuestario disponible para sufragar esta subida.
