Publicado: enero 17, 2025, 12:35 pm
El Gobierno se ha visto obligado a aclarar a las aseguradoras cuál es el margen económico con el que cuentan si la prestación de la sanidad del millón y medio de funcionarios acogidos a su sistema desvía sus costes con respecto a la licitación que está en curso. Lo ha hecho asimilando que Muface debería compensar a las compañías para poder «reequilibrar» sus contratos al verse «alterado» el importe de esas prestaciones iniciales, en una respuesta a las dudas planteadas por Asisa a la que ha tenido acceso este diario. La cuestión no es baladí para esa compañía, la única aseguradora que continúa en el proceso de licitación de la sanidad de los funcionarios después de que Adeslas y DKV decidieran abandonar el contrato a pesar de que el Ministerio de Función Pública -el competente en esta materia- i ncrementara la prima un 33,5% con respecto a la cuantía del contrato anterior. Esa firma, la interesada en el proceso, ha recibido una comunicación en forma de respuesta por parte de Muface, dentro del proceso que se está negociando, por las dudas sobre si la organización pública tendría la obligación de ajustar los importes al alza ante «un cambio sobrevenido de las circunstancias». En su aclaración, Muface admite que se verá en la obligación de «atender casuísticamente, a la luz de las circunstancias producidas si se produce la ruptura de la economía del contrato« incluso más allá del establecimiento de un porcentaje que, si existe riego imprevisible, podría ser incluso inferior a ese 5%. Ese límite es clave ya que Función Pública hace mención a dos sentencias -una del Supremo, de 2019, y otra de la Audiencia Nacional, de 2014- en las que ambas instancias judiciales se referían a porcentajes de desviación que iban del 2,5% al 3,5% (un 5% en total) en referencia al convenio sanitario que estuvo en vigor entre 2021 y 2024, pero que ha tenido que ser prorrogado ante la falta de acuerdo con las corporaciones para mantenerlo a partir de este año. También se apunta un dictamen del Consejo de Estado, de 2019, en el que se menciona «una quiebra radical del equilibrio económico-financiero contractual, por su excesiva onerosidad». Con esta aclaración sobre la mesa -Muface la ha incluido en la Plataforma de Contratación del Sector Público-, Asisa cuenta con otra variable con la que sigue estudiando las condiciones de la licitación para determinar si les compensa acudir finalmente al concurso tras el abandono de las dos compañías con las que lo compartía hasta ahora. La cuestión de ese reequilibro financiero y de la posibilidad de compensar esa desviación del coste de la sanidad para los funcionarios no es baladí, porque es un episodio en el que las aseguradoras ya tienen experiencia precisamente desde el último contrato que comenzó hace cuatro años. El sistema de Muface está en cuestión porque las aseguradoras vienen insistiendo desde hace tiempo en que no les salen las cuentas de un procedimiento en el que ese 1,5 millón de trabajadores públicos deciden cada año si se pasan a la sanidad pública o siguen en la privada. Porque varios contratiempos, como la inflación de los últimos años o el envejecimiento progresivo de los funcionarios -que usan más los sistemas sanitarios- han elevado la factura real del sistema, frente a lo que estaba concertado inicialmente en la anterior licitación: 600 millones de euros en pérdidas, apuntan Adeslas, Asisa y DKV. El reloj sigue corriendo a la espera de que Asisa decida su posición final con la licitación. El plazo final para que lo comunique expira el próximo 27 de enero a las 10.00 horas. En principio, el límite se encontraba establecido para el pasado 15 de enero, pero ante la controversia generada entre aseguradoras y Ministerio, Función Pública decidió ampliar los plazos. «Se considera necesario para el interés público y en aras de favorecer la concurrencia, ampliar el plazo de presentación de las ofertas, a fin de que los posibles licitadores interesados puedan elaborar la documentación para presentarse a esta licitación», indica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Mientras tanto, policías, profesores y altos funcionarios se echarán a la calle para exigir una solución para Muface el próximo 22 de enero en una concentración convocada ante la sede de la mutualidad. Lo harán, alegan, ante la «la impericia de los políticos y la falta de ética de las aseguradoras». El sindicato mayoritario de la función pública, CSIF , envió ayer una carta a Muface exigiéndole que ponga fin a la situación de desamparo que están afrontando mutualistas y beneficiarios a los que se les está negando la debida prestación sanitaria, pese a la orden de continuidad asistencial dictada por el Gobierno, y avisándoles de posibles acciones legales. La organización ha advertido de que «se emprenderán las acciones legales oportunas sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas como consecuencia de la desatención por parte de las compañías aseguradoras, así como en aquellos casos en los que Muface no garantice la prestación asistencial a los afectados«. Por otra parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha valorado positivamente que se estén explorando soluciones que implican una mejora en las primas para las aseguradoras; sin embargo ha advertido de que Muface corre el riesgo de fracasar «si no se garantiza una remuneración adecuada para la provisión sanitaria». Según ASPE, el actual sistema, que da cobertura a más de 1,4 millones de mutualistas, depende de una estructura en la que los centros sanitarios prestan la asistencia y las aseguradoras la financian. Sin embargo, ASPE denuncia que la provisión sanitaria -hospitales y centros asistenciales privados- «queda al margen de las negociaciones, a pesar de ser una parte imprescindible del sistema».
