Publicado: noviembre 26, 2024, 6:00 am
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La consigna para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue muy clara: un presupuesto austero que permita un ajuste de las finanzas públicas de 2% del PIB para reducir el déficit total a 3.9% del PIB. Esto implica hacer al interior de la estructura detallada del gasto público los ajustes pertinentes para que el ejercicio “cuadre”. Estas reducciones, más que hacerlas sobre una base técnica, se efectúan con discrecionalidad y criterios políticos.
Se puede estar de acuerdo en que es necesario reducir el déficit, por ende, apretar el gasto. Pero el problema es que el gasto es de baja calidad, además de que el presupuesto no se elabora con criterios de rentabilidad social. Bastan unos ejemplos: el PEF para 2025 plantea un monto enorme para financiar trenes de pasajeros, que es un proyecto destinado al fracaso. Contempla también un gran monto de recursos para inyectar a Pemex, lo que equivale a darle respiración artificial a un cadáver. El presupuesto de 451 miles de millones de pesos (mmp) para educación pública va destinado principalmente a otorgar becas y no a mejorar los programas y materiales ni capacitar a los maestros. Las dádivas son para engrosar la base electoral de Morena entre los jóvenes. Y así pudiéramos abundar en más y más ejemplos de cómo el presupuesto está distorsionado y secuestrado por intereses políticos de la 4T.
En ese ejercicio de recortes discrecionales, a la cultura le tocará una reducción de 5.4 mmp equivalentes a una disminución real de 31 por ciento. Es la mayor reducción desde 2017 cuando se creó la Secretaría de Cultura. Se tendrán así menos recursos para el mantenimiento de zonas arqueológicas, monumentos históricos y museos, muchos de ellos ya de por sí muy deteriorados.
La Secretaría de Cultura opera sin brújula, pues no se parte de un Plan Nacional de Fomento a la Cultura y el Arte. Este se tiene que preparar como derivación del Plan Nacional de Desarrollo que seguramente estará listo en 2026. Asimismo, a pesar de la queja generalizada de exceso de burocratismo, se creó la Dirección General de Formación y Gestión Cultural sin dar a conocer sus objetivos ni criterios operativos y ejecutivos. Al frente se designó a Lucina Jiménez, quien como directora anterior del INBAL tuvo un mal desempeño.
También hacen falta reglas más claras y transparentes acerca del proceso de asignación de apoyos a los particulares, pues es conocida la discrecionalidad y favoritismo en el otorgamiento de apoyos para, por ejemplo, el cine, obras literarias y otras actividades.
Independientemente de la asignación presupuestal, una buena política cultural debe abstenerse de un excesivo intervencionismo estatal y limitarse principalmente a garantizar el acceso universal, la protección al patrimonio cultural y fomentar la diversidad cultural. Con la 4T existe el riesgo de la politización y control para imponer una visión ideológica específica, lo que limita la libertad de expresión artística y cultural. Asimismo, los recursos destinados a la cultura pueden ser manipulados con fines políticos, beneficiando solo a ciertos sectores o artistas afines al gobierno, en lugar de promover un acceso equitativo y diverso.
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