Publicado: mayo 6, 2026, 4:00 am
La maquinaria legislativa del chavismo no perdió tiempo en su plan para blindar a la nueva cúpula del poder. La Asamblea Nacional (AN), dominada por el oficialismo, aprobó en primera discusión y por mayoría calificada la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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El objetivo de esta maniobra es evidente: someter al máximo tribunal mediante la ampliación forzada de su directiva, pasando de los 20 magistrados actuales a una abultada estructura de 32 jueces. Durante la sesión, la bancada Libertad salvó su voto, rechazando rotundamente el proyecto de ley.
Este veloz paso legislativo confirma la estrategia diseñada por la cúpula que encabeza Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Ante la ausencia de su antiguo líder y las evidentes fracturas internas del partido, la nueva administración necesita fabricar urgentemente un escudo legal a su medida para garantizar su atrincheramiento en el poder.
La propuesta recién aprobada revierte las propias modificaciones que el chavismo había implementado en el año 2022, cuando redujeron los cargos. En la práctica, la nueva distribución le otorgará cinco sillas a cada una de las salas regulares del tribunal, garantizando un control numérico absoluto en las decisiones penales, electorales y administrativas.
Sin embargo, el punto más crítico de esta reforma recae sobre la Sala Constitucional, la joya de la corona del sistema judicial, que pasará a tener siete integrantes. Esta instancia es la máxima intérprete de la Carta Magna y posee el poder absoluto para anular leyes, revertir acciones y bloquear cualquier intento genuino de transición democrática en el país.
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