Publicado: mayo 26, 2025, 8:00 pm
Este domingo se verificó, una vez más, que el sistema electoral venezolano —no por la tecnología, sino por las instituciones— es el más fraudulento del mundo.
Por Elsa Muro
La Constitución de 1999 define a la República Bolivariana de Venezuela como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia.
La cláusula democrática constituye un derecho fundamental, de carácter supraconstitucional y de goce universal para todos los venezolanos.
Esto significa que el poder público obtiene su legitimidad de origen en el sufragio, en procesos electorales que deben ser universales, directos y secretos.
El poder público, en sus ramas ejecutiva y legislativa, se fundamenta en el voto como expresión directa de la soberanía popular. De acuerdo con la distribución del poder establecida por la Constitución, es ese voto el que otorga legitimidad efectiva a las autoridades nacionales, estadales y municipales.
Cuando se vulnera el derecho fundamental a la democracia y se desconoce la soberanía popular mediante procesos electorales marcados por la trampa, la manipulación y la opacidad institucional —representada en este caso por el Consejo Nacional Electoral— el poder ejecutivo y el legislativo devienen en ilegítimos. En consecuencia, los órganos del poder público que se derivan de estos, como la designación de magistrados, rectores y demás autoridades, también arrastran ese pecado original de ilegitimidad.
El domingo 25 sucedió lo que todos esperaban: la continuación del fraude electoral iniciado, gestado y consumado el 28 de julio de 2024.
La abstención se convirtió en una forma activa de expresión ciudadana. Aunque se aleja de la práctica esencial de defender el voto como derecho, en contextos donde ese derecho está severamente distorsionado, la abstención se justifica como una forma de resistencia frente a la violencia institucional que caracteriza estos procesos.
El pueblo venezolano habló. Se manifestó, mayoritariamente, contra la ilegitimidad de origen del poder ejecutivo, legislativo, y regional.
Es inaceptable, absurdo y profundamente irrespetuoso atribuir la altísima abstención a María Corina Machado. Esa fue una decisión de la mayoría silenciosa, que no milita en las limitadas burbujas de las redes sociales.
El domingo 25 también quedaron deslegitimados aquellos que se hicieron parte de este proceso ilegítimo: quienes buscaron el voto, quienes llamaron a participar y quienes se postularon en ejercicio del derecho a elegir y ser elegidos, pero dentro de un sistema amañado. Se deslegitimó el liderazgo político que participó, el liderazgo social que avaló la convocatoria, y el liderazgo empresarial que respaldó con candidaturas como las de los “Fedecamaradas”.
Venezuela necesita la oxigenación de un nuevo liderazgo en todos los ámbitos. Requiere creatividad y valentía en la conducción de la sociedad. Urge una renovación del liderazgo político que, durante 25 años, ha fracasado en convocar a una verdadera esperanza ciudadana, sea por sus mensajes débiles, su actuación dudosa, o su parasitismo del poder ilegítimo.
Cabe preguntarse:
¿Seguiremos aceptando como líderes a Capriles, Guanipa (el oficialista) y otros?
¿Existen nuevos liderazgos —con o sin trayectoria— capaces de conducir el proceso de recuperación democrática?
¿Seguirán los empresarios obedeciendo a quienes los entregan día tras día en nombre de la “normalización” y de “abrir espacios”?
La culpa no tiene apellido Machado.
La responsabilidad de la abstención no recae en una sola persona, sino en el ciudadano que decide expresarse de ese modo.
Si se buscan responsables, hay que mirar a quienes, con sus actos, han vaciado de contenido el derecho al voto, han dejado desguarnecida la soberanía popular y se han entronizado en el discurso de la normalización, es decir, de la legitimación de lo ilegítimo.
¿De quién es la culpa?
