Publicado: febrero 9, 2025, 2:20 am
Unas elecciones presidenciales trascendentales se celebran bajo la amenaza de los carteles de la droga más peligrosos del mundo y una ola de violencia inédita.
Ecuador celebra sus elecciones presidenciales en un contexto de violencia sin precedentes. El mes de enero terminó con un récord histórico de homicidios: uno por hora, 24 por día, más de 750 en total. En 2023 y 2024 se sumaron 15.000 muertes violentas en todo el país.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir a sus autoridades para un periodo de cuatro años (2025-2029). Los electores elegirán al presidente, al vicepresidente, a los 151 diputados que formarán la Asamblea Nacional y cinco representantes para el Parlamento Andino.
58.000 policías y 40.000 militares garantizarán la seguridad de los recintos electorales. Las fronteras terrestres con Colombia y Perú permanecerán cerradas desde un día antes hasta un día después de los comicios por orden gubernamental. El objetivo es impedir eventuales atentados de bandas criminales que operan a ambos lados de las fronteras.
16 candidaturas se presentan a la consulta presidencial. Las encuestas vaticinan que ninguna fuerza política conseguirá la mayoría absoluta. Se convocará una segunda vuelta para el 13 de abril en la que competirán las dos fuerzas mayoritarias.
Los dos candidatos con más posibilidades son el actual presidente, Daniel Noboa, del partido Acción Democrática Nacional y Luisa González, del partido Revolución Ciudadana. Ambos ya se enfrentaron en las elecciones presidenciales de octubre de 2023, ganadas por Noboa con el 51,83% de los votos frente al 48,17% de González
La violencia de los carteles de la droga de procedencia colombiana, mexicana y albanesa, aliadas con más de una veintena de bandas criminales locales, se ha convertido en el principal problema del país por encima de la pobreza endémica, la inmigración o la minería ilegal.
Casi todas las fuerzas políticas, indiferentemente de su ideología, plantean estrategias de mano dura contra la criminalidad desde la militarización de las prisiones, puertos y oficinas de aduanas hasta el endurecimiento de las penas contra los criminales, la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y el juzgamiento como adultos de los niños de 15 años que forman parte de las bandas criminales.
Muchos de los ciudadanos consultados por Heraldo de Aragón declaran ser partidarios de las políticas de seguridad contundentes aunque también afirman que la corrupción ha malogrado a la mayoría de las instituciones del estado, lo que ha facilitado la penetrabilidad y la impunidad con la que actúan los carteles de las drogas.
En la Plaza de la Independencia, la plaza central de Quito donde se encuentra el palacio presidencial, la alcaldía y la catedral, partidarios del presidente gritan: «Una sola vuelta, Noboa presidente«. Algunos turistas se paran para curiosear mientras diferentes patrullas policiales vigilan discretamente listos para intervenir si se producen enfrentamientos entre simpatizantes de distintas fuerzas políticas.
En una calle adyacente, Luz, artesana de 45 años, viuda y con una hija, confiesa que no sabe a quién votar porque todos son iguales. «Llegan al poder y se dedican a robar», afirma sin reparos. «Quizá al final vote a Noboa porque solo lleva un año en el poder y se encontró el país ya destrozado», comenta. Y acaba su alegato con gran ironía: «Como está ahogado en dinero porque su papá es millonario, es posible que no meta la mano en la caja pública». Javier, un desempleado de 29 años, tiene claro que votará a Luisa González. «El país ha sido destrozado por los últimos gobiernos. Si gana Noboa subirá la gasolina y el desempleo», puntualiza.
Los gritos de los partidarios de Noboa suben de nivel cuando una señora les grita al paso: «Votar por Noboa es hacerlo por un narcotraficante”. «Esto no es pagado, es el pueblo indignado y organizado», grita el grupo al unísono. Un hombre de mediana edad replica: «Matones de niños. Voten por los asesinos», recordando los cuatro menores de entre 15 y 11 años asesinados presuntamente por militares en el mes de diciembre. Una señora del grupo contesta indignada: «A ustedes les pagan los correistas» (Rafael Correa gobernó el país durante diez años).
La policía se despliega ante la llegada de una marcha con centenares de simpatizantes del partido Unidad Popular y la desvía justo unos metros antes de que se encuentren con el grupo de Noboa y se produzcan altercados. Alguien grita: «Noboa tiene que responder por los desaparecidos».
Jorge es un curador profesional de torceduras y lesiones que trabaja en plena calle. Mientras espera a su próximo cliente afirma que «Noboa le ha dado todo el poder a los militares que no han sido capaces de poner fin a la violencia». Le gustaría que ganase Luisa González, pero «está demasiado vinculada a Rafael Correa cuyo último gobierno fue un desastre».
No es el único que piensa así. Correa gobernó el país durante diez años y sus críticos le acusan de usar su poder para influir e intentar controlar otras instituciones del estado. Hoy vive en el exilio en Bélgica y enfrenta cargos en Ecuador por aceptar sobornos. Es una figura polémica incluso en su partido y puede afectar al resultado electoral de González.
Durante la campaña electoral sus contrincantes han acusado a González de actuar como mero peón de Correa al que vinculan ideológicamente con el chavismo venezolano y el orteguismo nicaragüense, gobiernos autoritarios que han destruido la democracia en sus países y, por extensión, «forman parte del cordón umbilical que los une con el populismo de izquierda, el narcotráfico y el crimen transnacional», tal como le dijo el analista Luis Córdova Alarcón al InSight Crime, organización especializada en el crimen organizado en América.
Gobierno exprés
Casi al inicio de los 13 meses que ha durado el llamado «gobierno exprés», Noboa declaró que Ecuador vivía un «conflicto armado interno», decretó el estado de excepción y creó el Bloque de Seguridad, fuerza operativa conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas bajo el Plan Fénix, para garantizar la seguridad y soberanía del país.
Las autoridades arrestaron a más de 60.000 presuntos criminales en 2024, y el gobierno incautó 280 toneladas de drogas ilícitas, un incremento del 29% en comparación con 2023. Aunque el número de homicidios se redujo en poco más de un millar si se compara las cifras entre 2024 y 2023, la violencia ha vuelto a despuntar al inicio de 2025.
El gobierno parece estar más preocupado por la parafernalia que por una solución estructural. Miles de soldados y policías se despliegan en las plazas y las calles principales de las ciudades para que los ecuatorianos tengan una sensación de seguridad que queda en entredicho cuando se publican las cifras reales de homicidios.
En mayo de 2024, Human Rights Watch publicó un informe demoledor en el que se describían numerosos casos de militares implicados en torturas, detenciones arbitrarias y al menos una ejecución extrajudicial. Más recientemente, InSight Crime, detalló numerosos casos de tortura y otras formas de abuso.
Las cifras se han agravado al acabar el año con el llamado Caso Malvinas (un barrio al sur de Guayaquil) que supuso el asesinato de cuatro menores entre 15 y 11 años capturados por una patrulla militar. La reacción del gobierno fue desoladora. El ministro de Defensa dijo en el Congreso que se había enterado once días después de ocurrir los hechos y el presidente Noboa tardó quince días en hacer su primera declaración.
