Publicado: septiembre 17, 2025, 12:30 am
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado este martes el estado de excepción «por grave conmoción interna» en siete provincias del país, debido a que se registran bloqueos en algunas vías en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y contra la inseguridad. La medida rige por 60 días para Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Desde este lunes se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras que este martes hay bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia. Entre tanto, se ha trasladado de forma temporal la sede del Ejecutivo a Cotopaxi y a Imbabura la de la Vicepresidencia.
La declaración del estado de excepción se da en momentos en que se evidencian «paralizaciones que han alterado el orden público». «Provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas», señala el decreto suscrito por Noboa.
El objetivo es «detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana», anota en momentos en los que se mantienen bloqueos parciales de vías en dos de las 24 provincias del país. La declaración se circunscribe a las mencionadas provincias «por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías», indica.
«Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social», apunta el documento emitido. La vigencia de la medida se fundamenta en la necesidad de «mantener presencia reforzada del Estado» en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para «poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados».
En dichas provincias se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos, e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos. La medida no implica restricción al derecho a manifestarse «siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía», aclara el decreto.
Mientras, sindicatos y sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), rechazan el alza del precio del diésel a raíz de la eliminación del subsidio al diésel.
Compensaciones e incentivos
Con la eliminación del subsidio, los precios del combustible usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera, pasaron desde el sábado de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80. Entre tanto, el Gobierno avanza con la entrega de las compensaciones e incentivos ofrecidos a la par de la suspensión del subsidio.
El Gobierno depositó el lunes más de 1,1 millones de dólares en inventivos productivos a más de 1.600 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial. Mientras que 70.000 productores se convirtieron en los primeros beneficiados del Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES) de 1.000 dólares.
Los manifestantes también rechazan la inseguridad en las vías al denunciar ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones, entre otros, por lo que exigen mayor atención del Gobierno.
