Publicado: diciembre 2, 2024, 7:59 am
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , logró este lunes el apoyo de de ocho países de la Unión Europea para frenar la propuesta presentada por la Presidencia de turno húngara sobre la futura directiva que regulará los periodos de prácticas en los ‘veintisiete’. De esta manera, nueve Estados rechazaron el texto en los términos actuales: España, Alemania, Rumanía, Bélgica, Portugal, Austria, Bulgaria, Eslovenia y Chipre . En el primer Consejo de Ministros de Empleo de la UE con la nueva Comisión Europea Díaz aseguró que la orientación general de la directiva no cumple con los estándares legislativos europeos . «De hecho, retrocede ¿Cómo vamos a permitir que se utilice a nuestros jóvenes como mano de obra barata escondiéndolo bajo la etiqueta de formación?», se preguntó Díaz al llegar al Consejo. «Hemos logrado convencer a otros socios y bloquear un borrador que significaría precariedad para toda una generación . Aquí está nuestro mensaje claro: no vamos a transigir con los derechos laborales de la juventud», declaró la ministra tras haber logrado el apoyo de los mencionados ocho países. La propuesta de la presidencia húngara restringe el ámbito de aplicación excluyendo las prácticas que forman parte de los planes de estudios de la educación formal y formación profesional o las que se llevan a cabo en el marco de las políticas activas de empleo, entre otros. Además, abre la puerta a discriminar a las personas en prácticas estableciendo motivos justificativos de un trato diferente para becarios, dificulta la lucha contras las falsas prácticas o se eluden las referencias habituales al acervo comunitario que garantizan la aplicación plena de la normativa laboral, entre otros. «España no puede dar su apoyo a una normativa que no avanza en derechos laborales. Y no lo haremos hasta que no tengamos un texto que verdaderamente proteja a las personas trabajadoras, en directa aplicación del Pilar Social», afirmó la ministra ante sus homólogos en el EPSCO . La vicepresidenta ha defendido una directiva que dote de derechos laborales a las personas trabajadoras en prácticas y que otorgue relevancia a la formación dentro de los periodos de prácticas. «Resulta imprescindible impedir que los periodos de prácticas puedan ser utilizados para sustituir a personas trabajadoras de la empresa », aseveró la vicepresidenta. La normativa española garantiza los derechos de las personas en prácticas laborales y distingue con claridad las actividades formativas de las propiamente productivas y laborales. «Con nuestra reforma laboral, protegemos a las personas con contratos formativos. Ahora vamos más allá: llevaremos al Congreso un proyecto que garantizará los derechos de estudiantes en prácticas , terminando con su explotación, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos de nuestro país», explicó. En el debate sobre las prioridades futuras en políticas de empleo y sociales, que también se aborda en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta defiende la necesidad de situar la Europa Social en el centro del proyecto europeo adoptando medidas específicas y una legislación adecuada con el objetivo de que se puedan garantizar condiciones de vida y trabajo dignas y que permitan avanzar en una transición digital y ecológica justa. En opinión de la vicepresidenta, las políticas de la nueva Europa deben centrarse no solo en la economía y en ese sentido apunta que puede tener consecuencias catastróficas para el proyecto europeo medir el éxito económico sin prestar atención a las desigualdades. «Por eso, seguiremos apostando por ensanchar y codificar los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales», ha agregó. Al margen del Consejo, la vicepresidenta Díaz se reúne este lunes en Bruselas con la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Derechos Sociales y Habilidades, Empleos de Calidad y Preparación, la rumana Roxana Mînzatu , con quien conversará acerca de la directiva de prácticas y las prioridades legislativas que afronta la futura legislatura europea como la regulación de los derechos de los trabajadores en relación con el uso de la inteligencia artificial en el trabajo o el derecho a la formación en el trabajo, entre otros asuntos.
