Publicado: septiembre 28, 2026, 2:00 am
El número de personas detenidas en el marco del Esfuerzo Nacional en la Lucha contra el Narcotráfico alcanzó 23,601 casos a junio de 2026, de acuerdo con las cifras mostradas el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El registro representó un incremento de 33.06% respecto de las 17,737 detenciones reportadas para el mismo corte de 2025.
De las 23,601 personas detenidas hasta junio de 2026, 22,782 fueron identificadas como nacionales y 819 como extranjeras.
La composición presentó una variación respecto del primer informe de Sheinbaum Pardo, pues en el mismo corte de 2025 se contabilizaron 16,739 nacionales y 998 extranjeros.
El número de mexicanos detenidos aumentó en 6,043 casos, equivalente a 36.10%, mientras que las detenciones de extranjeros disminuyeron en 179 personas, una reducción de 17.94 por ciento.
La tendencia mostrada en los dos primeros informes de gobierno de Sheinbaum Pardo mostró una diferencia con respecto a los dos de la administración pasada, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Si se suman las detenciones del actual sexenio dan un total de 41,338, mientras que en la de AMLO el dato fue de 18,803 detenciones, es decir una diferencia de 119%.
Cambio en estrategia
El aumento en las detenciones relacionadas con el combate al narcotráfico durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum sí refleja un cambio operativo respecto de la estrategia implementada durante el sexenio de López Obrador, aunque por sí solo no permite determinar si las organizaciones criminales están siendo desmanteladas de manera efectiva, consideraron especialistas.
Daira Arana, directora de Global Thought MX, señaló que “si hay una diferencia sustantiva” y no solamente en el número de personas detenidas, sino en la estructura de seguridad y en el papel que desempeña la inteligencia dentro de las operaciones federales.
En entrevista destacó particularmente el papel de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al considerarlo una figura con un perfil técnico que ha colocado la inteligencia y la coordinación con gobiernos estatales y municipales como componentes relevantes de la operación contra las organizaciones criminales.
Sin embargo, Arana planteó una diferencia entre medir la actividad del Estado y medir los resultados estructurales frente al crimen organizado.
Uno de los problemas, según su opinión, radica en la capacidad de adaptación de las organizaciones delictivas. El desmantelamiento de una instalación clandestina, por ejemplo, no significa necesariamente que la capacidad de producción de un grupo haya desaparecido.
Por su parte, Cristina Pablo Dorantes, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex), sostuvo que la estructura del crimen organizado difícilmente puede modificarse de manera sustancial si las operaciones no afectan sus mecanismos financieros y las redes de protección que permiten su funcionamiento.
“Es tanta la corrupción y el involucramiento que hay de funcionarios dentro del crimen organizado”, sostuvo, que resulta difícil entender el fenómeno sin analizar también las redes políticas e institucionales que permiten la operación de las organizaciones.
Presión de EU
Además, ambas coincidieron en que la presión de Estados Unidos sobre México se ha convertido en uno de los factores que acompañan la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La académica de la UAMex colocó el problema desde otra perspectiva: la cooperación con Estados Unidos debe analizarse a partir de los límites constitucionales y de la obligación de rendir cuentas sobre las operaciones realizadas en territorio mexicano.
