Publicado: octubre 29, 2026, 1:30 pm
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este jueves que en su país se celebrarán elecciones, aunque sin precisar de inmediato una fecha. «Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo», ha declarado en un mensaje al país, que tuvo lugar poco antes de la primera conferencia de prensa anunciada por la líder opositora María Corina Machado. Además, ha insistido en que «la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere».
Ataviada de blanco y en un tono pausado, Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro, ha defendido que el horizonte político de su país «no se mide como una fecha en el calendario», en una velada alusión al reclamo de convocar a elecciones, «sino desde una secuencia de objetivos» por alcanzar. Entre otros, mencionó «un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantía de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables».
La oposición en Venezuela, en particular la representada por Machado y Edmundo González Urrutia, reclama la celebración de elecciones presidenciales en 2027. El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones, dijo el lunes un alto funcionario del Departamento de Estado.
Rodríguez también ha afirmado que el ejercicio responsable de la política está garantizado. «Todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo», ha dicho la mandataria. En ese sentido, ha indicado que ha instruido «a los cuerpos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito». Se trata de una práctica que ha sido constante durante los últimos años sobre todo contra opositores políticos, según han denunciado las ONG. Asimismo, ha recordado que las protestas pacíficas son un derecho constitucional siempre que estén acompañadas «del respeto a la integridad física y moral» de los funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Las nuevas decisiones se enmarcan en un proceso de «transformación» que ordenó después de asumir la jefatura de Estado por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la captura de Nicolás Maduro. Desde entonces, y en un contexto marcado por la presión de Washington, Rodríguez ha ordenado la liberación de cientos presos políticos, la renovación del sistema de justicia y ha flexibilizado las restricciones en el ejercicio de la política que por años estuvo marcada por denuncias de represión y detenciones arbitrarias.
Rodríguez ha recordado que también llevó al Parlamento una ley de amnistía que, según ha dicho, ha beneficiado a casi 9.000 personas, y ha reiterado que «más de mil personas han sido puestas en libertad producto de la aplicación de esta» norma y de otros instrumentos. Además, ha recordado que también propuso la reforma de la ley contra el odio que, ha vuelto a reconocer, se ha «aplicado de forma abusiva», y ha pedido nuevamente al Parlamento llevar a «un proceso amplio de consultas» sobre esa criticada normativa. Según ha dicho, una vez que sea aprobada la reforma, «el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas» bajo esta ley.
