Publicado: mayo 6, 2026, 2:00 am
El régimen chavista prepara un nuevo golpe contra la propiedad privada en Venezuela. Bajo la excusa de ayudar a jóvenes y familias recién casadas, Delcy Rodríguez anunció una reforma a las leyes inmobiliarias que busca tomar el control de aproximadamente 500.000 viviendas que actualmente se encuentran desocupadas o “congeladas”.
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Durante su reciente alocución, Rodríguez presentó la medida como un plan social para dinamizar el mercado de arrendamiento. Sin embargo, la realidad detrás de este anuncio es que el chavismo busca adueñarse de las propiedades que dejaron los millones de venezolanos que se vieron obligados a huir del país por la crisis, para ahora ofrecerlas al mejor postor, generar ingresos o entregarlas a sus simpatizantes.
La sucesora de Nicolás Maduro dejó clara la intención de intervención al afirmar que el Estado será el encargado de “garantizar que esa relación fluya” entre arrendador y arrendatario.
En la práctica, esto significa que el régimen actuará como un intermediario forzoso. Al no existir Estado de derecho ni seguridad jurídica, el chavismo impondrá las reglas, decidirá quién ocupa los inmuebles y manejará el mercado de alquileres pasando por encima de los verdaderos dueños.
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