Publicado: octubre 6, 2025, 5:00 pm
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), publicó este lunes 6 de octubre un mensaje desgarrador en su cuenta oficial de X, recordando el caso de Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, un joven estudiante de ingeniería que lleva siete años privado de libertad por su activismo pacífico.
Por: lapatilla.com
Detenido arbitrariamente camino a clases en 2018, Oswaldo representa el rostro de la represión sistemática contra la disidencia en el país.
Su familia aún espera el abrazo que el tiempo les ha robado, mientras el Comité reafirma su compromiso inquebrantable: «Acompañamos su lucha y la de cada familia que resiste la ausencia de sus seres queridos. Seguimos alzando la voz por su libertad, hasta que todos puedan volver a casa».
Este post, que ha generado un eco de solidaridad en redes sociales, resalta no solo la injusticia personal de Oswaldo, sino el drama colectivo de cientos de presos políticos en Venezuela.
En un contexto donde organizaciones como Foro Penal reportan más de 1.300 detenciones arbitrarias post-electorales en 2024, casos como el de Oswaldo subrayan la urgencia de una amnistía general y el fin de las violaciones a los derechos humanos.
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Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, de 32 años, fue detenido arbitrariamente siendo estudiante del décimo semestre de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (Unermb), en Ciudad Ojeda, estado Zulia.
Se destacaba por su participación en protestas pacíficas contra el deterioro de las condiciones universitarias y la crisis humanitaria en Venezuela.
En julio de 2017, solo esperaba la fecha para defender su tesis de grado y soñaba con un futuro como ingeniero contribuyendo al desarrollo de su país. Sin embargo, denunció Clippve, el 6 de octubre de 2018 –hace exactamente siete años–, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron de manera arbitraria mientras se dirigía a clases.
Durante 12 días estuvo desaparecido, negándose su paradero a familiares y abogados. Cuando reapareció, Oswaldo denunció haber sido víctima de torturas y tratos crueles, incluyendo golpizas y aislamiento, según testimonios recopilados por defensores de derechos humanos.
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Fue imputado en el infame «caso del dron» o «magnicidio frustrado» contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018. Acusado de delitos graves como traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración y lanzamiento de artefactos explosivos, Oswaldo fue condenado a 30 años de prisión en agosto de 2022 por la jueza Hennit López Mesa del Tribunal Primero Contra el Terrorismo.
Esta sentencia fue confirmada en apelación en abril de 2024, a pesar de que no existen pruebas materiales en su contra. Organizaciones como el Observatorio Nacional de Derechos Humanos y Provea han calificado el proceso como viciado, plagado de irregularidades y confesiones obtenidas bajo coacción.
Hoy, Oswaldo permanece recluido en condiciones inhumanas en la cárcel de El Rodeo I, donde enfrenta riesgos para su salud y vida. Tras más de 140 audiencias, su familia –liderada por su madre, Yaceira Lunar– ha agotado todos los recursos judiciales sin éxito.
«Siete años de silencio son inaceptables», dijo el Comité, subrayando que Oswaldo no representa un caso aislado, sino el rostro de una generación castigada por pensar diferente.
