Publicado: abril 4, 2025, 10:00 am
La revelación de un campo de entrenamiento de sicarios en Teuchitlán, Jalisco, expuso las grietas de inseguridad en México, pero también aceleró una discusión pendiente: ¿cómo identificar y proteger a la población en un país donde miles desaparecen y las identidades se diluyen entre el crimen, hackeos y burocracia? La respuesta de Claudia Sheinbaum es reformar la Ley General de Población para convertir la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento de identidad digital con fotografía, huellas dactilares y datos biométricos.
La Presidenta presentó al Senado una iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley General de Población y también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Desde 1992, la Ley General de Población contempla una Cédula de Identidad Ciudadana. Más de treinta años después seguimos preguntando, como lo hicimos en este espacio, cuándo tendremos una identidad digital. La respuesta pareció concretarse en diciembre de 2020, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital, impulsada por el legislador Javier Hidalgo. Aquella iniciativa prometía una Cédula de Identidad Digital (CID), pero quedó en el limbo legislativo. ¿La razón? Un conflicto no técnico, sino político: el control del registro de ciudadanos.
También en 2020 la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, logró que la Cámara de Diputados aprobara una nueva Ley General de Población que abrogaba la de 1974. La nueva ley contemplaba actualizar el Registro Nacional de Población mediante el uso de medios digitales y Tecnologías de la información para la obtención obligatoria de datos biométricos y transitar hacia una Cédula Única de Identidad Digital que no prosperó.
Ante el grave problema de las desapariciones forzadas, Sheinbaum propone una ruta distinta: no crear una CID nueva, sino reformular la CURP, un código alfanumérico vigente desde 1996. La reforma a la Ley General de Población establece que la CURP será el documento de identificación oficial obligatorio, con fotografía, huellas dactilares y vinculación biométrica a sistemas como el de salud y otros. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, integrará los datos biométricos que ya poseen instituciones federales, estatales y municipales, «previo consentimiento» de los ciudadanos.
En lugar de depender de una credencial física como la del Instituto Nacional Electoral, la 4T apuesta por un sistema de identificación centralizado. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a cargo de José Antonio Peña Perino, operará la CURP digital, mientras el Registro Nacional de Población (RNP) albergará una Plataforma Única de Identidad.
El Reglamento Interior de la ATDT menciona que le corresponde expedir las políticas y emitir las normas, lineamientos, políticas, criterios, manuales, procedimientos y demás instrumentos para la implementación, adopción y uso de la identidad y ciudadanía digital. También le compete diseñar el mecanismo único de autenticación, identidad e identificación digital basado en la CURP, lo cual estará a cargo de la Coordinación Nacional de Transformación Digital y la Dirección General de Gobierno Digital de la ATDT.
Se lee eficiente, pero como señalé en “Mitos, realidades y riesgos de la CURP con foto”, la prisa por implementar la CURP biométrica no soslaya preguntas clave: ¿quién protege los datos? ¿Cómo evitar que se repitan filtraciones de datos como la del PANAUT?
El mayor riesgo de la CURP biométrica no está en los adultos, sino en los 38.9 millones de niñas, niños y adolescentes cuyas huellas y rostros quedarán registrados en una base de datos centralizada. México carece de una cultura sólida de protección de datos, incluidos los infantiles.
Vincular la CURP al Sistema Nacional de Salud y otros registros ayudará a identificar personas desaparecidas. La reforma de Sheinbaum menciona el «previo consentimiento» para transferir datos biométricos de otros registros de los tres órdenes de gobierno, pero no aclara cómo se obtendrán en menores.
La idea de una identidad oficial única y una CURP con foto es resultado de una añeja disputa entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. Desde 2018, López Obrador criticó el «costo innecesario» del padrón electoral y la negativa del INE de compartir datos con el RNP de la Segob. La CURP biométrica de Sheinbaum busca convertirla en la identificación universal definitiva, por lo que el Ejecutivo debilitará la relevancia de la credencial del INE y centralizará el control poblacional.
Estonia, pionera en identidad digital, optó por un modelo descentralizado: su ID digital usa blockchain y permite a los ciudadanos controlar quién accede a sus datos. India, en cambio, implementó el Aadhaar: un sistema biométrico centralizado que, pese a facilitar subsidios, ha provocado exclusiones por fallas técnicas.
La necesidad de un documento de identidad digital robusto es innegable. En un país con más de 100,000 desaparecidos, múltiples credenciales de identificación y una epidemia de robo de datos, la CURP biométrica podría ser la solución. Su éxito depende de una Ley de Protección de Datos Biométricos que modernice la Ley Federal de Protección de Datos para incluir sanciones ejemplares por filtraciones y prohibir el uso comercial de huellas o rostros. La Segob debe detallar cómo se obtendrá el consentimiento de transferir biometrías, especialmente en menores. Almacenar datos biométricos en servidores únicos es un riesgo. Los mecanismos de autenticación de la ATDT y el RNP deben ser auditados por comités independientes con participación de academia y sociedad civil.
La CURP biométrica es un parteaguas: agilizar trámites, frenar la suplantación en programas sociales e integrar a millones al sistema financiero son beneficios. México merece una identidad digital. Pero la tecnología no es neutral: es un espejo del poder. Hoy, ese espejo refleja un gobierno que desconfía de las instituciones autónomas y ansía el control centralizado sin ponderar sus riesgos en términos de bases de datos. El reto del Legislativo es asegurar que la identidad digital sea una herramienta de empoderamiento para el ejercicio de derechos fundamentales y no de control político.
