Publicado: abril 8, 2025, 4:00 pm
Bajo el argumento de combatir la crisis de personas desaparecidas, el gobierno mexicano impulsa una reforma que convertiría la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un sistema de identidad digital obligatorio con datos biométricos.
Organizaciones civiles y expertos en derechos digitales alertan: lejos de garantizar seguridad, el proyecto abre la puerta a la vigilancia masiva, la exclusión social y a violaciones a la privacidad, un derecho humano fundamental.
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No es nueva
La iniciativa no es nueva. En años anteriores, se intentó implementar bajo nombres como «cédula única de identidad digital» o «CURP con foto», pero fue frenada en el Senado por preocupaciones sobre privacidad.
De acuerdo con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, la indignación nacional por casos como el de Teuchitlán ha hecho que el gobierno federal reviva esta iniciativa con un añadido peligroso: la recolección de datos biométricos, incluyendo huellas dactilares y reconocimiento facial.
«Es indigno utilizar el dolor de las familias de desaparecidos para impulsar una política que ni siquiera aborda sus demandas reales», dijo Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), durante un conversatorio organizado por la organización.
Falso consentimiento
El proyecto reformaría la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada para convertir la CURP biométrica en la única identificación oficial, lo que desplazaría documentos como actas de nacimiento, credenciales de elector y pasaportes.
La iniciativa también supondría la creación una base de datos centralizada con rostros y huellas de toda la población, incluidos menores de edad, y exigiría su uso para cualquier trámite público o privado, desde abrir una cuenta bancaria hasta realizar un trámite en una oficina pública.
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Aunque la propuesta habla de que los ciudadanos deben expresar su consentimiento en el proceso de recabación de datos biométricos para la nueva CURP, de acuerdo con los especialistas, la realidad es distinta, pues el nuevo documento supone una obligatoriedad de hecho y de derecho.
«Si para acceder a servicios básicos necesitas la CURP biométrica, no hay libertad real para negarte», explicó Marianne Díaz, activista por los derechos digitales.
Riesgos
Cada vez que una persona use su CURP biométrica, quedará registrado qué hizo, dónde y cuándo, explica Luis Fernando García. En un país como México donde autoridades han sido vinculadas con el crimen organizado, los datos podrían usarse para extorsión o persecución política.
Alex Argüelles, tecnólogue y activiste, recordó que sistemas similares han fallado con grupos vulnerables. En Venezuela, personas trans no pudieron comprar comida porque su apariencia no coincidía con su registro biométrico. Mientras que, de acuerdo con Marianne Díaz, en Chile, trabajadores manuales como mineros enfrentan problemas porque sus huellas desgastadas no son legibles.
“Lo que estamos viendo es que las que las tecnologías están siendo utilizadas por los gobiernos de maneras poco críticas, poco consecuentes con marcos de derechos humanos y realmente, lo que están haciendo es configurar un despliegue muy importante de tecnologías de vigilancia que, finalmente, repercuten directamente en la privacidad de las personas, en cómo podemos ejercer nuestros derechos y también en cómo desarrollamos esa misma identidad que supuestamente estos sistemas pretenden reconocer”, dijo Argüelles.
Desde 2017, México comparte datos biométricos de migrantes detenidos con Estados Unidos, lo que facilita las deportaciones desde este país. De acuerdo con Luis Fernando García, el temor es que la CURP biométrica extienda ese modelo a toda la población, normalizando la vigilancia masiva.
“Se nos está vendiendo control bajo una narrativa de seguridad, haciéndonos creer que es más importante apelar a esa seguridad que apelar a las garantías sobre nuestros derechos”, dijo Alex Argüelles.
