Publicado: octubre 15, 2025, 9:30 pm
El próximo 23 de marzo se celebrará la primera vista de uno de los juicios más esperados y mediáticos de Grecia, que sentará en el banquillo a 36 personas por el accidente ocurrido el 28 de febrero de 2023, cuando dos trenes —uno de pasajeros y otro de mercancías— que cubrían la línea Atenas-Tesalónica colisionaron frontalmente a gran velocidad. En el siniestro murieron 57 personas, en su mayoría estudiantes universitarios que regresaban a clase tras el puente de carnaval. La instrucción judicial concluyó el pasado mes de agosto, tras dos años y medio de investigaciones y con un sumario que supera las 60.000 páginas: el más extenso de la historia judicial reciente de Grecia. Aunque en un primer momento el Gobierno griego atribuyó las causas del accidente a un «fallo humano», investigaciones posteriores —en su mayoría impulsadas por las familias de las víctimas— revelaron graves carencias en los sistemas de seguridad y señalización de la red ferroviaria. En el banquillo se sentarán 36 personas . De ellas, 33 se enfrentan a cargos por delitos graves vinculados a la perturbación del tráfico ferroviario, delito que podría ser castigado con cadena perpetua. Además, 35 están imputadas por homicidio por negligencia y por causar lesiones corporales graves a los supervivientes. Entre los acusados se encuentra el jefe de estación de Larisa, imputado por haber confundido el cambio de agujas y colocado el tren de pasajeros en una vía incorrecta. También serán juzgados dos compañeros, quienes presuntamente abandonaron su puesto antes de finalizar su turno, así como el responsable del Departamento de Inspección de OSE (Organismo Ferroviario griego) de esa ciudad. En la lista figuran once altos cargos de OSE, acusados de la ausencia de sistemas de seguridad en la red ferroviaria y del nombramiento del jefe de estación. A ellos se suman 16 ejecutivos de ERGOSE — incluidos expresidentes y directores generales— acusados de incumplir la ejecución del contrato 717, que contemplaba la instalación de un sistema de teledetección. Estas 16 personas están además bajo investigación de la Fiscalía Europea por presunta mala gestión de fondos comunitarios. Por último, otros cinco altos funcionario de `Hellenic Train S.A´ —entidad operadora de trenes—, del Ministerio de Infraestructura y Transportes y de la Autoridad Reguladora Ferroviaria (RAS, por sus siglas en griego), están acusados por fallos en la concesión de licencias y en la supervisión del sistema ferroviario nacional. La mayoría de las familias de las víctimas de Tempe han expresado una profundad desconfianza hacia el manejo judicial y político del caso, acusando al Gobierno de «ocultación» de la verdad. Entre sus principales exigencias figuran la realización de exhumaciones y nuevas pruebas toxicológicas, bioquímicas y genéticas que ayuden a esclarecer las causas de la muerte, ya que consideran que las investigaciones iniciales fueron incompletas y apresuradas. Uno de los demandantes fue Panos Routsi, padre de una de las víctimas, quien llevó a cabo una huelga de hambre durante más de tres semanas frente al Parlamento griego, en la céntrica plaza de Syntagma de Atenas. Por su parte, María Karystianú, presidenta de la Asociación de Víctimas de Tempe y madre de una de las víctimas, ha declarado en medios locales se trata de un juicio «simulado». Ha criticado duramente la ausencia de figuras políticas entre los acusados y denunciado que «toda la destrucción de pruebas se ha llevado a cabo sin investigación alguna». La semana pasada, una familia presentó una demanda contra las compañías alemanas Bayer y Siemens por fabricar y suministrar los aceites de silicona usados en los transformadores de los trenes siniestrados. Según la acusación, dado que las autoridades griegas concluyeron que esos aceites causaron la explosión e incendio tras la colisión, ambas empresas deberían ser investigadas. Las familias también reclaman una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades políticas y ferroviarias, denunciando tanto la falta de transparencia como la lentitud en el desarrollo del proceso judicial. Critican que, a pesar del tiempo transcurrido, muchos de los responsables permanecen impunes. Por otro lado, otras siete personas están siendo investigadas como presuntas cómplices en la alteración del lugar del accidente, entre ellas el exviceministro Christos Triantópulos . El expediente, en manos del Tribunal Supremo, se encuentra actualmente en la fase de declaración de testigos.
