Publicado: diciembre 21, 2024, 12:00 pm
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La académica recuerda que el comienzo de la administración del ahora exmandatario mexicano coincidió con una caravana de migrantes iniciada en octubre de 2018, en la que participaron alrededor de 7,000 personas, principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala. La Organización Internacional para las Migraciones refiere que ese año ocurrieron, al menos otros cinco desplazamientos multitudinarios.
Esos eventos ocasionaron la llegada de miles de extranjeros a la frontera norte de México y eso, a su vez, trajo consecuencias. El 30 de mayo de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó (a través de un mensaje en Twitter), que, a partir del 10 de junio de ese año impondría una tarifa arancelaria a todos los productos que llegarán a esa nación, procedentes de México, en tanto siguieran cruzando inmigrantes ‘ilegales’ a ese país. Dicha tarifa se iría incrementando hasta un 25% mientras el flujo “sin papeles” no se detuviera.
Además, condicionó la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hoy Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) a cambio de que México contuviera migrantes.
Ante esa situación, según Calderón Chelius, “México aceptó ser el filtro migratorio de Estados Unidos”. Desplegó 150,000 agentes de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera sur del país con la misión de contener a los migrantes, así lo refiere en el análisis titulado “Claves para entender la política migratoria mexicana en tiempos de López Obrador”.
El difícil contexto de la migración se agravó con la implementación, en enero de 2019, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) conocido con el imperativo Quédate en México, que obligó a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en México su audiencia en las cortes estadounidenses. Los primeros cálculos señalaron que en ese limbo quedaron alrededor de 40,000 personas.
El director de América Sin Muros, Bernardo Méndez Lugo, recordó que, en 2020, Estados Unidos aprovechó las medidas implementadas a escala mundial para contener la pandemia de Covid-19 para sellar completamente su frontera desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021.
Contención con “rostro humano”
Para la investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, María Inés Barrios de la O, la política migratoria implementada por el INM desde el 14 junio de 2019, fecha en que Francisco Garduño Yáñez asumió el cargo de comisionado, fue “de control, con rostro humano”, porque en el discurso dice proteger la defensa de los derechos humanos de los migrantes y con una política de brazos abiertos a las personas en condición de movilidad, pero, en la práctica, es todo lo contrario: es de control, detención y hasta diciembre de 2023, de devolución de migrantes, que ahora provoca una serie de carruseles al detener a los migrantes y regresarlos al sur del territorio nacional, con el argumento de que no hay presupuesto para devolverlos a sus países de origen.
De enero a agosto de 2024, el INM detuvo a 925,000 extranjeros en situación irregular, de los cuales solo 16,000 fueron devueltos a sus países.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, en 2018, se registraron 115,686 “eventos de devolución desde México”. En 2019 la cifra se incrementó a 149,812 pero en 2023 fue de 46,749.
Los detienen, los llevan a una estación migratoria donde les dan un oficio de salida; las personas reinician su camino hacia el norte y, en muchos casos, las vuelven a detener y nuevamente las trasladan a una estación migratoria y les vuelven a dar un oficio de salida del país, destacó Barrios de la O.
Para la académica eso se explica porque otra de las características importantes del actuar de los agentes migratorios en la administración de Garduño Yáñez fue la disuasión, a través de una serie de operativos, a los que se sumaron agentes de la Guardia Nacional, en el ejercicio de sus nuevas atribuciones. “Eso es algo que no solamente se ve en las fronteras norte y sur, sino a lo largo del territorio nacional”, enfatizó.
En ese sentido, la especialista recalcó que eso ha colocado a los migrantes en un contexto de mayor vulnerabilidad al quedar expuestos a las acciones de miembros de la delincuencia organizada, al obligarlos a buscar rutas cada vez más inseguras, donde, obviamente, los riesgos son mayores.
Ello sin contar las condiciones en que permanecen en las estaciones migratorias del país, en donde durante los cinco años ocurrieron al menos nueve incendios, entre ellos el registrado el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas y al menos 27 resultaron lesionadas.
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Al respecto Bernardo Méndez Lugo, de América Sin Muros, recordó que en los últimos años grupos de la delincuencia organizada han estado muy activos en el tráfico y acoso de migrantes, particularmente en el sur del país, así como en Veracruz, Tamaulipas, entre otras entidades.
El también diplomático de carrera en retiro comentó que hace algunos años, el paso por el desierto de Altar y Arizona era muy socorrida, pero desde 2012, fue controlada por criminales, quienes incluso obligaron a los rancheros de la región a venderles sus ranchos. Lo mismo ocurrió en la franja fronteriza de Chihuahua y Tamaulipas.
En ese tenor, Mariane H Marchand, investigadora visitante del Instituto de Economía Política del Carleton University, consideró que México se volvió una frontera vertical para los migrantes, debido a que a lo largo del territorio nacional hay retenes y es más complicado de transitar.
Incluso cuando solicitan visa humanitaria, las autoridades les dicen a los solicitantes que tienen que quedarse en el estado donde lo solicitan, lo cual no es una acción correcta de la autoridad.
INM, con pocas consideraciones humanitarias
A su vez el director ejecutivo de la fundación pro migrantes América Sin Muros, Bernardo Méndez Lugo recalcó que, durante el sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador hubo muy pocas consideraciones humanitarias para los migrantes extranjeros, debido a que se comprometió con Estados Unidos a contenerlos en entidades del sureste del país.
De esta forma México extendió “una cortina de contención” con el fin de evitar que llegaran a las puertas de Estados Unidos.
Comentó que, si bien el ahora excomisionado Francisco Garduño informó que fueron despedidos más de 2,000 elementos del instituto, desafortunadamente no han cambiado los criterios y visiones con los que actúa esa institución.
Ante esa situación, México se ha convertido en un país de origen, tránsito, retorno y destino de miles de migrantes que originalmente han buscado ingresar a Estados Unidos.
El problema es que esa situación ocurre en momentos en los que se ha incrementado el tránsito de personas, muchas de ellas buscando refugio en el vecino país del norte.
De acuerdo con la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) en 2018 esa institución recibió 29,410 solicitudes de refugio de extranjeros. Para 2021, la cifra se incrementó a 129,432 y para 2023 llegó a 140,725.
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En tanto, en el año fiscal 2021 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 1.9 millones de migrantes intentando cruzar de manera ilegal a ese país, cifra que se incrementó a 3.2 millones en el año fiscal 2023.
María Inés Barrios de la O, expuso que “durante la administración del comisionado Garduño Yáñez se privilegió un enfoque de securitización, con el que se trata al fenómeno de la migración, no como una problemática social y, por lo tanto, con un enfoque de derechos humanos, sino que se trata como un problema a de inseguridad, lo cual implica que los operativos sean de corte policíaco e incluso militar”.
INM en el Top3 de quejas ante la CNDH
Esa situación se reflejó en el incremento en las quejas contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, entre 2020 y 2023, el INM fue la tercera autoridad con más quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 6,917. Sólo lo superan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (de este último Francisco Garduño Yáñez fue titular de este último antes de asumir la titularidad del INM). En 2020 registró 1,044; en 2021 fueron 1,239; en 2022 el número subió a 2,141 y en 2023, se elevó a 2,493.
Asimismo, el instituto ocupa el lugar tres en la lista de autoridades a las que más recomendaciones le fueron giradas, con 97, en el mismo lapso.
En 2020 fueron seis; en 2021, cuatro; en 2022, 30; en 2023, 37 y de enero al 8 de octubre de 2024 acumuló 20. En este caso solo superado por el IMSS y el ISSSTE. Así lo refiere en el documento “CNDH: Balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024” publicado en octubre de 2024.
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Nueva presidenta, mismo trato a migrantes extranjeros
Para María Inés Barrios de la O, lo que ha ocurrido es que, ante la externalización de las fronteras de Estados Unidos, México ha decidido jugar el papel de portería y portero de Estados Unidos, debido a la asimetría que hay en la relación entre ambas naciones.
Desde su perspectiva, México no ha estado a la altura de lo que acontece en materia de movilidad humana, porque sigue haciendo este trabajo para Estados Unidos, de contener la migración, en lugar de buscar el apoyo, atención o regularización de estancia en el país, de personas migrantes.
Para la reconocida académica, lo relevante es que, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia del país, con el cambio de gobierno federal no se aprecia un cambio en la política migratoria, ni en la narrativa ni en la operación.
Asimismo, indicó que en la franja de la frontera norte del país hay un clima de incertidumbre sobre las acciones que desplegará el gobierno del presidente Donal Trump a partir de enero próximo, sobre todo, ante las amenazas que ha proferido en el sentido de que realizará deportaciones masivas.
Jennifer Ruiz Arroyo, experta en asuntos migratorios coincidió en señalar que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México no significó algún cambio en la política migratoria del país, pero dijo que lo grave es que no hay visos de que vaya a ocurrir.
La maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora dijo que una muestra de ello es que mantuvo al comisionado del INM en el cargo, Francisco Garduño Yáñez, a pesar de que estaba sujeto a un proceso judicial por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2023 y donde murieron 40 migrantes y 27 más sobrevivieron, pero con secuelas por los daños que sufrieron.
“Se ha respirado impunidad; no ha habido castigo a los culpables. Además, el comisionado ha sido ofensivo con activistas que han criticado su gestión (…) El INM es el principal brazo ejecutor de la política migratoria del país y dice mucho que quien lo encabeza haga ese tipo de declaraciones”.
Destacó que el instituto actúa con eufemismos, pues cuando hablan de rescate y resguardo prácticamente lo que hacen es detener y encarcelar a las personas por las condiciones en las que los privan de su libertad, aunque sea por máximo 36 horas. “Eso va en contra del derecho que tienen las personas a migrar”.
El problema es que los agentes de migración no están capacitados para respetar los derechos humanos de los migrantes, además de que hay muchos vacíos legales de los que se valen cuando accionan contra las personas en condición de movilidad, relató.
EU podría expulsar a México, al menos 2 millones de migrantes
Lo preocupante es que, ante la serie de amenazas del hoy presidente electo de Estados Unidos, Donald Trum, seguramente cuando asuma el cargo, en enero de 2025, implementará medidas agresivas contra los migrantes.
Al respecto Bernardo Méndez Lugo, de América Sin Muros consideró que es muy probable que 80% de los migrantes que sean expulsados por Estados Unidos a México sean mexicanos.
Los estados que pueden tener la mayor parte de deportados son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México y Zacatecas.
Recordó que cuando se puso en marcha el operativo “Tolerancia cero”, entre 2017 y enero de 2021, lo que implicó la separación de miles de familias, sólo alrededor de 20% de los migrantes regresados a México desde Estados Unidos no eran mexicanos.
Por ello estima que entre 20 y 25% serán de Centroamérica o de países de la zona como Cuba.
Dijo que habrá que ver si se respetan los procedimientos para realizar las deportaciones que establecen las leyes de Estados Unidos, con lo cual haría más lento cumplir las amenazas de Trump en el sentido de sacar de Estados Unidos a un millón de migrantes en cada año de su mandato.
Sin embargo, el país debería prepararse para la llegada de al menos dos millones de personas expulsadas del vecino país del norte.
Apuntó que si no se respeta la ley, “estaríamos esperando un mínimo de 100,000 deportados al mes, de los cuales 20,000 serían extranjeros.
Llamó la atención que es probable que el mayor flujo sea por las fronteras de Tamaulipas y Chihuahua y menos por Baja California.
Eso, debido a que, de los cinco millones de mexicanos que viven sin documentos migratorios en regla en Estados Unidos y por lo tanto, son altamente vulnerables a las amenazas de Trump, la mitad están en California y alrededor de 35% en Texas.
Desde su perspectiva, es muy probable que Trump de prioridad a la deportación de migrantes que tienen ya más tiempo viviendo sin documentos en ese país, porque son los que ya tienen identificados en donde se encuentra, muy probablemente usando la información del pago de impuestos, aunque se supone que las autoridades fiscales no pueden compartir datos personales con nadie. Así pasó durante su primera administración Trump.
Debe evitarse una crisis humanitaria, señalan
Ante ese panorama, consideró que México debe estar preparado para atender a los migrantes, tanto los mexicanos como los extranjeros que sean expulsados de Estados Unidos a territorio mexicano, para evitar una crisis humanitaria.
Llamó la atención en que los municipios a donde se espera que lleguen los migrantes retornados, nacionales y extranjeros, como los que arriban del sur del país, no cuentan hoy con el presupuesto necesario para atenderlos.
Lo grave, remarcó, es que algunos escenarios muestran que podría llegar alrededor de 20,000 niños y adolescentes retornados de Estados Unidos que necesitarán atención, por lo que la red del sistema DIF nacional debería prepararse para ello.
Recalcó que debe tomarse en cuenta que en diversas regiones del país hay severos problemas de inseguridad, lo cual aumenta considerablemente la vulnerabilidad de las personas en condición de movilidad.
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El especialista fue enfático al señalar que tiene que haber un cambio radical del paradigma de atención a los migrantes; sin embargo, el problema es que la política pública del gobierno mexicano en la materia estará condicionada por lo que pueda hacer o dejar de hacer Estados Unidos en materia económica.
“Eso es lo que pueda meter presión para no cambiar el paradigma de contención migratoria”, refirió.
En ese sentido, llamó la atención que en el perfil del nuevo comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes no hay experiencia en la atención a migrantes, lo que hace pesar que en su nombramiento lo que se privilegió fue su lealtad política hacia el gobierno.
Además, hizo notar que muchos de los mexicanos que sean deportados a la frontera seguramente no van a querer regresar a sus lugares de origen debido a que se trata de personas que se fueron huyendo de la violencia y se quedarán en la franja fronteriza con la intención de volver a Estados Unidos.
Remesas disminuirán, al menos 20% (unos 12 mmdd), estiman
Por otra parte, Bernardo Méndez Lugo, llamó la atención que más de 60% de las remesas que envían los mexicanos de Estados Unidos a México se trata de envíos de personas sin documentos migratorios en regla, simplemente porque los que son ya naturalizados o residentes permanentes tienen menos lazos con sus comunidades de origen en territorio mexicano.
Dijo que es probable que la cantidad de dinero en remesas disminuya en alrededor de 20%.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, en 2018 recibió 34,435.1 millones de dólares en remesas, cifra que se incrementó a 63,319.8 millones de dólares en 2023. De enero a junio de 2024 iban 31,342.6 millones de dólares. Eso quiere decir que si se cumplen las amenazas de Trump México podría dejar de recibir alrededor de 12,662.9 millones de dólares.
Ante esa situación, Jennifer Ruiz Arroyo dijo que ante las acciones que realice el gobierno de Estados Unidos contra los migrantes, las autoridades mexicanas deben cambiar su actitud a uno de atención de personas que se encontrarán en una situación de vulnerabilidad.
Recalcó que las crisis humanitarias relacionadas con las personas en situación de movilidad no se deben a la migración en sí, sino a una serie de factores, principalmente de inseguridad, violencia y represión.
Además, recalcó que es necesario que el gobierno mexicano destine más presupuesto para la atención a migrantes.
También destacó la importancia de que México realice un trabajo diplomático para unir fuerzas con autoridades de los países expulsores de migrantes que llegan a México con la intención de llegar a suelo estadounidense.
“Yo apostaría a empezar a abrir espacios de diálogo con otros países a quienes también les atañe este tipo de problemas”.
También refirió que será necesario realizar una labor muy importante de reintegración a las comunidades de los mexicanos que sean retornados, lo cual implicará una cooperación y coordinación con agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa ayudar a los migrantes.
El año acaba, la tensión en la frontera México-Estados Unidos apenas comienza.
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