Publicado: diciembre 9, 2024, 7:00 am
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La prioridad de la política pública es lograr un proceso continuo y sostenido de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, una condición necesaria aunque no suficiente para alcanzar tal objetivo, es que la economía experimente un crecimiento del PIB real que derive en un cada vez mayor nivel de ingreso familiar real disponible, ya que es esto lo que les permite a las familias ampliar sus posibilidades de consumo de bienes duraderos y no duraderos y de servicios y, en consecuencia, darles satisfacción a cada vez más necesidades y con bienes de mayor calidad.
Lograr que la economía crezca requiere que los agentes económicos cuenten con un conjunto de reglas formales (legales) diseñadas de forma tal que los incentivos que se deriven de estas sean eficientes y estén alineados con el objetivo de un ingreso real agregado cada vez elevado. En primer lugar, las reglas tienen que definir eficientemente los derechos privados de propiedad en sus tres dimensiones (posesión de la propiedad física y humana, su uso y su transferencia) y que no haya barreras regulatorias que obstaculicen la entrada y salida de cada uno de los mercados y, en segundo lugar, se necesita que estos incentivos promuevan el trabajo, el ahorro, la inversión en capital físico y humano y el cambio tecnológico en los procesos de producción.
Más aún, se requiere que cada agente económico tenga la certeza de que todos jugarán bajo las mismas las reglas y que en caso de que alguno las violente existirá un aparato judicial independiente e imparcial que protegerá a los negativamente afectados, incluso cuando el que las viola es el gobierno. Así, los jueces tendrán la función de proteger y garantizar los derechos privados de propiedad en sus tres dimensiones, garantizar el cumplimiento de contratos entre partes privadas y entre estas y el gobierno y proteger a los agentes privados, individuos y empresas, de actos de gobierno que violenten tales derechos.
Habiendo establecido lo anterior, ¿está el gobierno actual (los poderes Ejecutivo y Legislativo) dotando a la sociedad de las reglas del juego formales que generen los incentivos para el crecimiento que, a su vez, se traduzca en mayores niveles de ingreso familiar y de bienestar? La respuesta es un rotundo no. La calidad (y eficiencia) del marco legal actual es uno de peor calidad como consecuencia de las reformas que se le han hecho en los últimos seis años y muy particularmente en los pasados tres meses. Por lo mismo, no genera los incentivos necesarios para promover una mayor participación del trabajo formal, una mayor inversión en capital físico y humano ni una mayor productividad factorial total que se derive de una mejora tecnológica.
Respecto del empleo formal, las cada vez mayores prestaciones a la que los trabajadores “tienen derecho” encarecen la contratación y uso de trabajadores en las empresas legalmente constituidas. Todas estas prestaciones más las contribuciones patronales al sistema de seguridad social actúan como un impuesto implícito al empleo formal y un subsidio al informal en unidades económicas que tienen una baja productividad y, por lo mismo, generan un menor flujo de ingreso agregado. El problema se agrava si no existen los incentivos para una mayor inversión física.
Los cambios que se le han hecho al marco legal van a tener un efecto negativo sobre la inversión privada y en la acumulación de capital físico. Haber extinguido los órganos autónomos (Inai, IFT y Cofece) cambió drásticamente las reglas del juego e introdujo un alto grado de incertidumbre al estar la aplicación de reglas de transparencia y competencia sujetos a decisiones discrecionales por parte del gobierno, además de que la desaparición de los reguladores en materia de competencia violan el T-MEC. A esto hay que añadir la reforma constitucional en electricidad que no garantizará un abasto seguro, de calidad y a bajos costos y, más significativo aún, la reforma judicial que eliminó su independencia e imparcialidad y no garantiza que los jueces protegerán los derechos de los agentes privados de actos de gobierno que los violen.
Uno de los principales elementos detrás del desarrollo de un país es la acumulación de capital humano de alta calidad a través del sistema educativo. Las reformas que cancelan las evaluaciones de alumnos y de profesores y que empoderan al sindicato educativo, así como la incorporación de libros de texto elaborados con una ideología comunista, sin rigor académico y despreciando las ciencias y las matemáticas, derivará en una educación de mala calidad para todos aquellos niños y jóvenes en las escuelas públicas. Ello no solo impactará negativamente en su productividad cuando se incorporen al mercado laboral, sino, más aún, reducirá el potencial de crecimiento y desarrollo futuro de la economía.
Si el gobierno piensa que la prioridad de la política pública es repartir transferencias a través de los diferentes programas e invertir en proyectos de dudosa si no es que negativa rentabilidad social indica una notoria confusión. Seguir por el camino elegido solo garantiza un ínfimo crecimiento y la persistencia de altos índices de pobreza.
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