Publicado: octubre 9, 2026, 3:30 am
Vente Venezuela ha sido persistente denunciando ante la ciudadanía y la comunidad internacional, la instrumentalización política de la justicia que durante casi tres décadas ha hecho el régimen chavista. La reciente declaración pública de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César Siero, el 6 de octubre de 2026, en la que denuncia cómo fue coaccionada para firmar las sentencias de inhabilitaciones políticas contra María Corina Machado y otros dirigentes políticos, confirma las razones de nuestro reclamo.
Esas inhabilitaciones políticas realizadas desde el TSJ fueron, en la práctica, duras acciones de persecución y represión contra quienes disentimos del sistema oficialista, y tras un falso manto de legalidad, escondían mecanismos inconstitucionales para excluir al liderazgo opositor y controlar resultados electorales
El testimonio tardío de la exmagistrada Bárbara César revela hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo para perseguir políticamente a quienes lo enfrentamos: detener y castigar a familiares para someter la voluntad de una persona. En este caso, obligar a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a firmar sentencias legales,
La inhabilitación de María Corina Machado, ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta, fue ratificada mediante una decisión que, según reconoce la exmagistrada ahora denunciante, sólo se obtuvo porque se utilizó a sus familiares como rehenes, confirmando así la ocurrencia de graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación. Pero, a todo evento, esa inhabilitación debe ser levantada DE INMEDIATO.
Estás decisiones contra María Corina no son episodios aislados, sino instrumentos de una estrategia para impedir que la soberanía popular se exprese y perpetuar así un sistema de elecciones fraudulentas. Recordemos que, en 2015, la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por un año, basada en una supuesta omisión administrativa relacionada con unos tickets de alimentación, y esa medida le impidió presentarse a las elecciones parlamentarias de ese año. En 2023, después de que ganara las primarias opositoras, la Contraloría “anunció” una nueva inhabilitación por 15 años, sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso y que nunca fue notificada formalmente.
Esa sanción fue posteriormente ratificada por la Sala Político-Administrativa del TSJ, de la cual formaba parte Bárbara César Siero, en enero de 2024, precisamente cuando debía decidir si María Corina Machado podía competir por la Presidencia. El objetivo de este camino fraudulento no era otro que cerrar, primero con la Contraloría y luego judicialmente, el camino de una dirigente que contaba con un respaldo popular creciente
Es así como el régimen convirtió a las inhabilitaciones en una forma de fraude electoral anticipado: no era necesario falsificar el resultado de una elección si antes podían eliminar de la papeleta el nombre de la candidata que podía ganarla
Un elemento adicional que debe tomarse en consideración es que todo lo anterior ocurrió con posterioridad a la celebración del llamado “Acuerdo de Barbados”, suscrito el 17 de octubre de 2023 entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Democrática de Venezuela, cuyo objetivo principal era “fijar reglas claras para las elecciones presidenciales de 2024”, a cambio del alivio de sanciones por parte de Estados Unidos. En consecuencia, lo ocurrido constituye un grave precedente de incumplimiento de pactos por parte del régimen de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. Es, en definitiva, una clara advertencia a garantes y mediadores sobre el patrón de engaño de un sistema que hoy se destapa, pero sigue operando.
María Corina Machado debe regresar a Venezuela con plenas garantías de libertad y seguridad. A ella, como a tantos otros venezolanos, se le han vulnerado sus derechos civiles y políticos. Tiene derecho a estar en su país, junto a los venezolanos, y a ejercer libremente su trabajo político y social como la líder más importante de un país que anhela y trabaja cada día por la libertad
Después de 27 años de chavismo, Venezuela necesita desmontar las estructuras que han permitido utilizar los tribunales, los organismos de inteligencia y las instituciones del Estado bajo una lógica mafiosa y gansteril de amenazas, persecución y control político.
La reconstrucción republicana exige un cambio de gobierno, independencia de los poderes públicos, justicia para las víctimas y garantías de no repetición. Mientras quienes han dirigido y sostenido este sistema permanezcan controlando el poder, cualquier reinstitucionalización estará sometida a sus intereses.
Venezuela quiere elegir y necesita recuperar la República. Y ese proceso debe comenzar cuanto antes con la convocatoria a una elección presidencial.
Caracas, 8 de octubre de 2026
