Publicado: mayo 25, 2026, 11:54 am
En Venezuela surge un debate necesario sobre la modernización de cientos de empresas bajo control estatal que hoy permanecen paralizadas o subutilizadas. Diversos gremios estiman que entre 500 y 1,500 compañÃas intervenidas son candidatas para esquemas de privatización, alianzas estratégicas o modelos mixtos de operación.
Por Lismar Rebolledo | MundoUR
RocÃo Guijarro, directora de Cedice Libertad, explicó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos que el observatorio de la institución registró aproximadamente 1,700 casos documentados de vulneración a la propiedad privada. Guijarro calificó estos procesos como «expoliaciones» y no como expropiaciones, pues no hubo pago de indemnizaciones ni beneficio para el paÃs. «El Estado no tiene por qué ser empresario; el privado es el que genera riqueza, empleo y bienestar a la sociedad», afirmó la directiva.
Para que la inversión regrese, los expertos exigen reglas claras y un marco jurÃdico que garantice el respeto a los contratos. Guijarro recordó la exitosa privatización de CANTV en la década de los noventa como un modelo de transparencia que debe replicarse. Según su visión, el proceso actual requiere ser «claro, transparente, verificable» y con la participación informada de todos los ciudadanos.
Por su parte, el investigador Andrés Carrasquero señaló que la deuda pública externa de la nación oscila en un rango entre los 150 y 180 millardos de dólares. Carrasquero destacó que el año 2026 presenta eventos favorables para una reestructuración, tales como el reconocimiento internacional del gobierno y la reanudación de relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos multilaterales brindan «asesorÃa técnica y confianza al proceso», elementos esenciales para que los acreedores acepten nuevos términos en el pago de los compromisos.
La reinstitucionalización y la simplificación del sistema normativo son pasos obligatorios para el crecimiento. Guijarro concluyó que la libertad económica y el derecho de propiedad son instituciones que el Estado debe resguardar para que la sociedad disfrute de prosperidad nuevamente.
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