Publicado: mayo 29, 2026, 2:30 am
Hubo años, en 1991, en plena guerra contra los cárteles de Medellín y Cali, y en 2002, durante el fin del gobierno de Andrés Pastrana y el inicio del primero de Álvaro Uribe, con más de 28.000 homicidios en Colombia.
En comparación, 14.500 muertos violentamente en 2025 parece un mal menor. Una reducción a la mitad en términos objetivos. Incluso la comparación puede ser aún mejor si tenemos en cuenta que en 1991 la población de Colombia era de 33 millones de habitantes y hoy es de 53 millones, un 64% más.
Aunque también hubo otros años, 2015 y 2020 con apenas 11.500. Pero Colombia, sea cual sea la metodología del conteo, sigue emparentada con la violencia, su principal mal histórico.
2026 camina por el mismo borde ardiente. En los primeros tres meses del año, según informes preliminares, el país registró 3.391 homicidios. Cerca del 70% de las víctimas, según un informe del Ministerio de Defensa, «tuvieron relación con actividades criminales y economías ilegales, mientras que el 20% de los casos obedecieron a riñas y hechos de intolerancia».
Además, Colombia registró 54 masacres con 233 víctimas mortales en los primeros cinco meses de 2026, una cifra que se aproxima a los 256 asesinatos documentados durante todo el año 2025, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Esta institución también ha contabilizado 61 líderes sociales asesinados en el mismo periodo, datos que reafirman uno de los inicios de año más violentos desde la firma del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el Estado y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En los últimos diez años más de 1.700 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, incluidos más de 400 firmantes del acuerdo de paz.
Otras cifras demuestran que un gran porcentaje de la población colombiana vive en un contexto de alta violencia. El Observatorio de Desplazamiento Interno actualizó a finales de 2025 las cifras de desplazados internos que ya superan los siete millones de personas aunque hay otras instituciones gubernamentales que lo elevan a casi nueve millones.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), organismo especializado en emergencias complejas, anunció que en enero y febrero de este año más de 101.000 personas «resultaron afectadas por el accionar de grupos armados no estatales en varias regiones de Colombia».
Según OCHA, las comunidades étnicas concentran «las emergencias de mayor magnitud y prolongadas en el tiempo; al menos el 12,2 por ciento de las personas afectadas pertenecen a comunidades mayoritariamente afrocolombianas«.
Hace dos semanas tras el asesinato de seis personas, entre ellas dos líderes sociales, dos misiones internacionales y la Conferencia Episcopal de Colombia emitieron un comunicado conjunto sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, una de las más violentas del país, y exigieron a los grupos armados el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
La violencia en el Catatumbo se agravó el 16 de enero de 2025 cuando la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) lanzó una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control de territorios estratégicos y economías ilícitas en esta zona fronteriza con Venezuela.
Para mediados de 2025, más de 64.000 personas habían sido desplazadas y más de 12.000 confinadas. Al inicio de este año, la cifra de desplazados se acercaba a las 100.000 personas, la mitad de la población de toda la región. La sofisticación bélica, con la incorporación de drones por parte de los grupos armados, ha multiplicado los riesgos para la población civil.
En noviembre de 2022, el Senado colombiano aprobó la llamada Ley de Paz Total que permitió al gobierno izquierdista de Gustavo Petro negociar acuerdos de paz con distintos grupos armados organizados de carácter político o criminales. 26 estructuras armadas y criminales manifestaron su intención de acogerse a la ley.
El presidente Petro presentó la llamada Ley de Sometimiento en 2025 con el fin de establecer un marco jurídico para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que incluía rebajas generosas de penas si abandonaban las armas. Entre los requisitos, los integrantes «deben confesar sus delitos, pagar penas efectivas en prisión, entregar bienes ilícitos para la reparación de las víctimas y sacar a menores de sus filas».
Pero la ley aún no ha sido aprobada por el Congreso de la República y ha impedido al presidente desarrollarla.
En el contexto de este año electoral, con las elecciones parlamentarias celebradas en marzo y las presidenciales del próximo domingo, se ha producido un fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el incremento de atentados contra los líderes políticos y las amenazas directas a los candidatos presidenciales.
En abril, el ministro del Interior Armando Benedetti anunció que «todos los servicios de inteligencia están actuando mancomunadamente para prevenir cualquier riesgo contra los candidatos presidenciales». Cada una de las 14 candidaturas ha contado con más de 40 efectivos para realizar sus recorridos por el país, lo que ha supuesto un coste de más de mil millones de pesos, unos 235 millones de euros, una cantidad exageradamente alta.
El presidente Gustavo Petro activó recientemente una Junta de Inteligencia Conjunta en la que participaron sus ministros de Defensa e Interior tras las denuncias de un supuesto plan para asesinar al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
El mandatario aseguró que organismos de inteligencia estadounidenses tenían información sobre el plan para ejecutar el magnicidio. Bernie Moreno, influyente senador estadounidense de origen colombiano y firme aliado del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que no era cierto lo que había dicho el presidente Petro, del que es acérrimo enemigo.
Hace casi un año, en junio de 2025, se produjo el atentado contra el precandidato presidencial y senador de la oposición, Miguel Uribe Turbay, que murió dos meses después en una clínica de Bogotá.
En los últimos cincuenta años han sido asesinados en Colombia cinco candidatos presidenciales. En octubre de 1987 Jaime Pardo Leal, candidato de la Unión Patriótica, fue asesinado por un grupo paramilitar tras denunciar los nexos de políticos, empresarios y militares con el paramilitarismo.
En apenas ocho meses, entre agosto de 1989 y abril de 1990, fueron asesinados tres candidatos presidenciales que iban a competir en las elecciones de mayo de 1990. Luis
Carlos Galán, candidato del Partido Liberal y casi seguro futuro presidente de Colombia, fue acribillado en la plaza pública del municipio de Soacha durante un mitin político.
En marzo de 1990, Bernardo Jaramillo, también candidato de la Unión Patriótica fue asesinado por disparos a quemarropa en el puente aéreo del Aeropuerto de Bogotá por un menor de edad de 16 años. Un mes después le tocó el turno a Carlos Pizarro, antiguo jefe de la guerrilla M-19, asesinado en pleno vuelo por un sicario.
En noviembre de 1995, Álvaro Gómez, líder histórico del Partido Conservador y ex candidato presidencial en tres ocasiones, fue asesinado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, después de dictar su clase de Historia Política y Constitucional.
