Publicado: septiembre 30, 2026, 12:30 am
Rosa (Rosita) Silva, Premio Nacional de Derechos Humanos en 2018, es una de mis heroínas chilenas desde hace 40 años cuando la conocí en lo que mejor sabía hacer por aquel entonces: gritarles a los «Pacos» (tal como se conocen a los carabineros chilenos) a centímetros de sus caras. Fue detenida, atacada con gas lacrimógeno y golpeada con porras decenas de veces. Es raro no verla en las fotografías de las múltiples manifestaciones de los años ochenta con carteles que gritaban «Basta a la impunidad». Ella fue la primera persona que me habló de la Caravana de la muerte en diciembre de 1986 y me convenció de la importancia de ese caso que le había supuesto quedarse huérfana a los 13 años.
El 2 de enero de 1987 tomé un bus en Santiago e inicié un largo viaje al norte de Chile que duró dos semanas y tuvo varias escalas. Me topé con los testimonios de los familiares y con el miedo a ser detenido por la policía secreta de Pinochet cuando el país estaba bajo Estado de Sitio y toque de queda.
El padre de Rosita, Mario Silva Iriarte, era militante del Partido Socialista y gerente de la estatal Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). El día del golpe viajó de noche desde la capital hasta Antofagasta para ponerse como alto funcionario gubernamental a las órdenes de las nuevas autoridades militares y fue detenido de inmediato. «Yo me imagino ese viaje lleno de dudas y temores. Esa imaginación también forma parte de mi memoria», escribió décadas después Rosita en unas memorias poco complacientes con la clase política actual tituladas «Memoria subversiva».
Rosita viajó con su madre y sus cuatro hermanos a Antofagasta y se distribuyeron en dos casas de amigos y familiares. «Empezamos a retomar nuestras vidas normales, entre comillas, con mi madre insistiendo en que nuestra única preocupación tenía que ser estudiar», recuerda.
Rosita explica con pesar que pudo ver un día a su padre encarcelado y que le sorprendió que llevase un chaleco de lana cuando hacía mucho calor, quizá para esconder las huellas de las torturas. «Nos pidió, o al menos ese es el recuerdo que yo tengo, que no volviéramos a verlo en esas condiciones», relató en sus memorias. Recibió el 22 de setiembre una carta de su padre por su cumpleaños que recuerda como el inicio de la película La vida es bella.
Una de sus tías le contó después de sacar de la habitación a sus hermanos más pequeños que habían ejecutado a su padre en la madrugada. «No me acuerdo de nada más hasta el otro día. Cuando abrí los ojos lo primero que vi fue a mi madre, vieja arrugada, como si tuviera una máscara de anciana, fue terrible, y ella me dijo: «Hija, mataron a tu padre y lo más parecido a él eres tú».
En 2001, el ex general Joaquín Lagos, que fue el comandante de la Primera División, la del extremo norte de Chile y cuyo testimonio judicial fue clave para desaforar y procesar a Augusto Pinochet, describió a una audiencia conmocionada en horario estelar del canal más pinochetista de la Televisión Nacional cómo se encontró los cuerpos de los asesinados en Antofagasta, incluido el del padre de Rosita: «¡Si estaban hechos pedazos!¡Si no eran cuerpos humanos!¡De manera que yo quería armarlos por lo menos, dejarlos de una forma decente, más o menos! Pero no se pudo. ¡Les sacaron los ojos con los cuchillos, les quebraron las mandíbulas y las piernas! Al final les dieron el golpe de gracia. Se ensañaron».
En otra parte de la entrevista fue más concreto en la descripción de los hechos macabros: «A las víctimas se le disparaba para que murieran lentamente. Primero en las piernas, después en los órganos sexuales, después al corazón, con ametralladoras. Ni siquiera había un tiro de gracia para terminar con el sufrimiento».
El ex general Lagos aceptó ir a la televisión para contradecir al ya ex dictador Pinochet, que había declarado ante los jueces, que los fusilamientos eran responsabilidad de los jefes militares locales. Días después de ocurrir los crímenes de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, Lagos advirtió al dictador que «tarde o temprano nos van a juzgar». Pinochet le ordenó que no hablara en su informe del general Sergio Arellano Stark, que dirigía el grupo criminal formado por una decena de oficiales, y que tampoco indicara que actuaba como su oficial delegado. «No te preocupes que lo voy a arreglar», le dijo Pinochet y él le contestó: «¿Qué vas a arreglar, Augusto? ¡Si están todos muertos!».
Toda la familia Silva viajó de Antofagasta a Vallenar para enterrarlo. Una distancia de 650 kilómetros que se tarda en hacer unas nuevas horas. «Fue un viaje eterno, él iba delante y nosotros atrás», escribió Rosita. Se les prohibió velarlo y se les obligó a enterrarlo inmediatamente en una bóveda de la familia. Su madre ordenó: «La que quiera ir a enterrar a su padre, no tiene derecho a llorar».
Ni siquiera sabían si los restos enterrados eran de su padre. Vivieron en plena incertidumbre durante un cuarto de siglo hasta que lo exhumaron. «Mi padre estaba momificado y se le marcaban todos los rasgos. Me acerqué a su rostro y lo acaricié», cuenta muy emocionada.
La vida se volvió esquizofrénica para evitar contagiar el dolor a los más pequeños. Como ocurría en otras casas, «se hablaba de que el papá estaba como vivo, como muerto, que estaba lejos, pero que no estaba, algo que solo entiende quien lo vivió».
Con 18 años empezó a militar en la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Era la más joven del grupo. Trabajaba en Navidades, Año Nuevo, Pascua y no hacía vacaciones «no porque pensara que la dictadura se iba a acabar pronto sino porque había tanto que hacer que faltaba días y horas». No entendía a las compañeras de las agrupaciones que se iban de vacaciones porque necesitaban desconectar.
Buscaba siempre acciones de impacto para protestar contra la dictadura en las calles siempre vigiladas por la temible policía antimotines. Un día construyeron un ataúd, hicieron copias de todos los certificados de defunción de ejecutados políticos que encontraron en el Registro Civil y se plantaron ante la Corte Suprema. Pusieron una cadena enorme en la puerta y un cartel que decía: «Se cierra por inmoral». Abrieron el ataúd y se pusieron a repartir los certificados hasta que llegaron «los Pacos» y se las llevaron presas.
Poco antes de que Chile recuperase «la democracia vigilada», Rosita Silva se marchó del país y me la encontré en febrero de 1990 en Nicaragua. No aguantaba más el blanqueo de la dictadura, que había destruido su infancia y juventud, por parte de los partidos demócrata cristiano y socialista que formaron la llamada Concertación de Partidos por la Democracia y gobernaron el país durante 20 años hasta el 2010.
La noche del 25 de febrero de 1990 le anuncié que los sandinistas habían perdido las elecciones y se quedó traspuesta. Se sintió derrotada de nuevo tras su huida de Chile, pero acabó superando todos los obstáculos. Regresó a su país y empezó sus estudios de Derecho con casi 28 años, con la intención de conocer los vericuetos de la justicia y su pundonor convenció a su abogado de la necesidad de implicar definitivamente a Pinochet en el caso judicial que le costó la vida a su padre.
En junio de 1996, la Unión de Fiscales Progresistas de España y la Fundación Salvador Allende interpusieron una querella criminal contra Pinochet y sus cómplices. El gobierno de Estados Unidos descalificó archivos hasta entonces secretos. Pinochet debía pagar, no por comandar el golpe de Estado, sino por ordenar el asesinato en Washington del ex ministro de Allende, Orlando Letelier, que costó también la vida a su secretaria Ronni Moffit, ciudadana estadounidense.
La orden internacional emitida por el juez Baltasar Garzón fue por genocidio, terrorismo, torturas y desapariciones forzadas de ciudadanos españoles aunque pronto se les sumó las investigaciones iniciadas en Chile por el juez Juan Guzmán, especialmente vinculadas al caso Caravana de la Muerte. Una de las querellas la había presentado el abogado de Rosita Silva.
Hoy Rosita Silva, a sus 67 años, tiene que ir tres días a la semana a diálisis e intenta que su salud no se deteriore aún más por culpa del estrés, la mala alimentación y una batalla obsesiva por la memoria y la justicia. Ha tenido serios enfrentamientos con abogados de derechos humanos participantes en mesas de diálogo con los militares, que resultaron, «un fracaso porque no tenían voluntad de contar la verdad de sus crímenes».
A una conocida abogada vinculada durante años a la defensa de los derechos humanos le dijo un día que «su padre, desaparecido político, debería estar revolcándose en su tumba clandestina al saber que ella se había sentado a hablar con los mismos que lo habían matado y ocultado su cuerpo».
Su epitafio podría ser, con sus propias palabras: «Mi historia está contada desde la experiencia y lo digo con orgullo porque tengo un compromiso conmigo y con mi clase, con la historia, con los sueños de mi padre, con una justicia social y con una memoria viviente».
