Publicado: diciembre 2, 2025, 9:00 pm
El abogado y especialista en Derecho Penal, Joel García, afirmó este martes 3 de diciembre que el intento del chavismo de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) no extingue la jurisdicción del organismo sobre crímenes de lesa humanidad ya perpetrados en el país.
Por: lapatilla.com
La declaración del especialista se produce luego de que la Asamblea Nacional, bajo control del régimen de Nicolás Maduro, aprobara un polémico proyecto de ley que busca anular la vigencia interna del Estatuto de Roma, con la pretensión de «sacar» al país de la CPI —una maniobra rechazada por organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia internacional.
El debate se intensificó tras el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang, quien confirmó el cierre de la oficina del tribunal en Caracas, Venezuela, por falta de complementariedad del chavismo en las investigaciones en curso contra de Nicolás Maduro y su Administración, señalados por presuntos crímenes de lesa humanidad.
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En su cuenta oficial de X (antes Twitter), García precisó que “la derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma no extingue la jurisdicción de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad ya cometidos”.
El experto fue contundente al rechazar el discurso oficialista que presenta el retiro como una supuesta muestra de soberanía: “Salir de la Corte no representa un acto de fortaleza soberana, sino un retroceso en la defensa de los derechos humanos”, escribió el abogado.
Venezuela está formalmente bajo examen de la CPI desde la apertura de la investigación conocida como Situación Venezuela I, que analiza presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad del Estado y altos funcionarios del régimen venezolano.
De acuerdo con el marco jurídico del Estatuto de Roma, la Corte mantiene competencia sobre hechos ocurridos mientras un país fue Estado Parte, incluso si este denuncia o se retira posteriormente del tratado, lo cual impide que se extingan responsabilidades ya adquiridas.
El anunciado plan legislativo generó reacciones inmediatas de ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que advirtieron que la salida de la CPI sería un golpe severo a las víctimas y a la posibilidad de obtener justicia.
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El mensaje central de Joel García refuerza lo que juristas coinciden en señalar: el país puede denunciar el Estatuto de Roma a nivel interno, pero eso no cancela el alcance de la jurisdicción que la Corte ya asumió sobre hechos pasados.
Abandonar la Corte, reiteró García, sería un paso atrás, no un acto de soberanía, en un contexto donde se investigan acusaciones que involucran directamente al poder político venezolano.
