El 31 de enero se cumplieron dos años de la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, la mega cárcel con capacidad para 40.000 personas donde el presidente del país, Nayib Bukele, ha recluido a miles de pandilleros y delincuentes. Este lunes, Bukele ha compartido en sus redes sociales un vídeo donde muestra a cientos de reclusos de esta prisión, vestidos con camisetas amarillas y agrupados en largas mesas, trabajando para poder beneficiarse de una reducción en la pena.
«El 40% de nuestra población carcelaria ya está pagando su deuda con la sociedad. A cambio, reciben una sentencia más corta y aprenden una habilidad», ha compartido junto al vídeo. Las labores de los presos pasan desde la fabricación de ropa hasta la limpieza de playas. «Nos ayudarán a construir carreteras, hospitales y escuelas; fabricarán uniformes y muebles; cultivarán y cosecharán alimentos; y nos ayudarán a limpiar nuestros ríos, lagos y playas», ha especificado el mandatario.
Concretamente, son 16.000 los presos que verán disminuida su condena tras llevar a cabo este trabajo. El presidente ha excluido de este privilegio a los reclusos por violación y asesinato: «Este programa no está disponible para violadores y asesinos«.
Política de blindaje a la seguridad
La lucha de Bukele contra las pandillas, acompañada de una estricta política de seguridad, le ha dado una popularidad sin precedentes a nivel nacional e internacional. El apoyo al mandatario se basa en la drástica reducción de los homicidios en El Salvador desde que comenzó a gobernar, cuando el país llegó a ser considerado el más violento del mundo.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo se encuentra en la localidad de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital, San Salvador. Es un laberinto de cemento, hierro y asfalto que custodian más de 800 guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura. Exclusivo para aquellos «perfilados como altos rangos» de la Mara Salvatrucha (o MS-13) y el Barrio 18, dos pandillas rivales que sembraron terror, división y muerte en el país centroamericano a través del reclutamiento de jóvenes y el control de territorios, con los que aumentaban su poder durante décadas.
A principios de enero, el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, afirmó que el país registró 114 homicidios en 2024, unos 40 menos que en 2023, lo que representaría una caída del 26%. La tasa de homicidios en 2024, según datos del Gobierno, se situó en un 1,9 por cada 100.000 habitantes. En 2019, cuando Bukele inició su mandato, la tasa rondaba el 38,5 por cada cien mil.
Sin embargo, el CECOT también se ha consolidado como un exponente del hermetismo. Desde que comenzó, se han registrado detenciones sin pruebas, celdas atestadas sin apenas agua ni comida, descargas eléctricas o muertes por estrangulamiento, entre otras acusaciones. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en 2024 y titulado El Salvador. Estado de Excepción y Derechos Humanos, denunció abusos sistemáticos del Gobierno de Bukele, cuya política fue descrita como «represiva, indiscriminada y contraria a los convenios internacionales». «Prácticamente no podíamos caminar. Mi celda era para 90 personas y éramos 140», recogía el testimonio de una de los reclusas.