Publicado: mayo 28, 2025, 6:30 am
Uno de los grandes retos de la Unión Europea en los próximos años es reenfocar su industria, y eso implica directamente a las empresas. En ese punto, Bruselas presentó este miércoles una propuesta orientada a flexibilizar la normativa que rige a las empresas con entre 250 y 750 empleados, con el objetivo de allanar el camino para que estas firmas, que ya han superado la categoría de pyme pero aún no son consideradas grandes corporaciones, puedan continuar su crecimiento y expandirse a escala europea.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Comisión Europea precisamente por aligerar la carga burocrática que, en muchos casos, actúa como freno a la competitividad de las empresas en la Unión Europea. Según estimaciones del propio Ejecutivo comunitario, las nuevas disposiciones beneficiarían a unas 38.000 empresas, generando un ahorro anual de alrededor de 400 millones de euros en costes administrativos.
«Se trata de compañías clave para sus territorios, especialmente porque muchas veces están ubicadas fuera de las grandes ciudades. Cuando hablamos de una empresa con entre 500 y 600 trabajadores en una zona rural o en una región provincial, estamos probablemente ante el principal empleador del área», subrayó el vicepresidente de la Comisión encargado de la Autonomía Estratégica, Stéphane Séjourné, durante la rueda de prensa de este miércoles en la capital comunitaria.
La propuesta concreta contempla la creación de una nueva categoría: las «pequeñas empresas de mediana capitalización». Este grupo incluiría a aquellas organizaciones con plantillas de entre 250 y 750 empleados, y que no superen los 150 millones de euros en facturación anual o los 129 millones en activos totales.
El objetivo es cerrar la brecha que, dice Bruselas, existe en el marco regulador europeo: al alcanzar los 250 empleados, las empresas dejan de ser consideradas pymes y pasan a clasificarse como grandes, lo que conlleva un salto considerable en términos de obligaciones legales. Este cambio abrupto ha desincentivado tradicionalmente el crecimiento de muchas firmas que prefieren mantenerse por debajo de ese umbral.
Con esta nueva categoría, Bruselas busca permitir que estas empresas disfruten de ciertas ventajas reservadas hasta ahora para las pymes, como requisitos reducidos o exenciones en diversas áreas normativas. Estas incluirían, entre otras, la regulación de protección de datos, los mercados financieros, la elaboración de folletos bursátiles, el tratamiento de baterías, las entidades críticas, los gases fluorados y la protección frente a importaciones subvencionadas.
En el ámbito de la protección de datos, por ejemplo, las empresas de mediana capitalización dejarían de estar obligadas a registrar todos los datos personales que procesan. Solo tendrían que documentar aquellos considerados de alto riesgo, lo que, según la Comisión, liberaría recursos que podrían destinarse a otros aspectos del negocio. Asimismo, se propone eliminar la obligación de entregar documentos en papel -como las declaraciones de conformidad o las instrucciones de uso- y permitir que estos puedan ser emitidos en formato digital. Esta digitalización no solo aligeraría la carga para las empresas, sino que también facilitaría a las autoridades nacionales la verificación del cumplimiento normativo.
Desde Bruselas se sostiene que estas medidas podrían incentivar a estas empresas, muchas de las cuales ya operan más allá del mercado nacional, a fortalecer su presencia internacional dentro de la UE.
