Publicado: marzo 11, 2025, 9:30 am
La Unión Europea no aparca la migración como tema fundamental en su presente y en su futuro. Y en la propuesta que ha hecho la Comisión Europea este martes desde Estrasburgo para las políticas de retorno destaca el ‘abrazo’ al modelo Meloni, consistente en disponer de centros de detención de migrantes a los que se les haya denegado la solicitud de asilo. Así se recoge en el documento presentado por Bruselas, a cuyo borrador ha tenido acceso 20minutos, que pide además unificar las políticas en este sentido en toda la UE.
Un componente clave de este sistema es la orden europea de retorno, que estandariza las decisiones de retorno y facilita su reconocimiento mutuo entre las naciones de la UE. La regulación también introduce obligaciones para que los nacionales de terceros países cooperen en el proceso de retorno, así como consecuencias en caso de incumplimiento, como sanciones económicas, retirada de beneficios y prohibiciones de entrada prolongadas, expone el Ejecutivo comunitario. Es importante el matiz de que se trata de un reglamento, por lo que será de aplicación directa para los Estados miembros.
Ahora, la gran duda tenía que ver con los centros de detención, y esa idea sí está en la propuesta, aunque con matices. Se darán, dice Bruselas, terceros países designados con acuerdos con la UE para recibir a las personas repatriadas, aunque el modelo implantado por Italia tras un acuerdo con Albania ya se está enfrentando a problemas legales y su efectividad está en duda. «Estos centros buscan prevenir movimientos no autorizados dentro del Espacio Schengen y proporcionar una alternativa para gestionar los retornos cuando la deportación directa al país de origen de una persona no sea posible de inmediato», añade la Comisión.
Además, Bruselas sostiene que para que un país sea designado como centro de retorno, «debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el principio de no devolución», que garantiza que las personas repatriadas no sean expuestas a persecución o tratos inhumanos. En el documento se da, al mismo tiempo, un procedimiento para reconocer y aplicar las decisiones emitidas por otro Estado miembro. Es decir, un país de la UE no puede ‘saltarse’ las solicitudes de otro socio comunitario, de tal manera que se preserva la «estabilidad» del espacio Schengen.
Todos los acuerdos sobre los centros de retorno (return hubs, en inglés, que es el concepto que usa la Comisión) deben incluir «un mecanismo de supervisión para evaluar el cumplimiento de las condiciones acordadas». Este mecanismo permite realizar «evaluaciones periódicas y ajustes para garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de las personas repatriadas». Asimismo, los acuerdos deben establecer procedimientos claros sobre la estancia de los retornados en estos centros, incluyendo la posibilidad de su retorno posterior a su país de origen. Si se producen cambios adversos significativos en un país designado como centro de retorno, la UE se reserva el derecho de reconsiderar su función en este aspecto. Esto provoca que, en realidad, la normativa sea «móvil».
Matices de protección y de devolución rápida
Ahora, el documento presentado por Bruselas deja claro que en estos centros no pueden incluirse los casos de menores no acompañados y de grupos vulnerables. «Estos centros constituyen una herramienta adicional para garantizar que las decisiones de retorno se cumplan respetando los derechos fundamentales. La regulación propuesta pretende cerrar las lagunas existentes, evitar movimientos secundarios no autorizados y crear un sistema de retorno más estructurado y aplicable en todos los Estados miembros», resumen. Eso sí, Bruselas quiere dejar claro que «existen procedimientos especiales para individuos que representen un riesgo para la seguridad, garantizando su retorno acelerado sin comprometer la protección de los derechos fundamentales». De este modo, dan también a la migración una perspectiva de seguridad, algo que vienen reclamando varios gobiernos en la UE y muchos partidos políticos.
Sobre la idea de los centros de detención la división entre los 27 ha sido muy clara hasta ahora mientras se espera la entrada en vigor del pacto común de migración y asilo: está previsto que se active en 2026, pero algunos socios como España piden adelantarlo a 2025 para evitar distorsiones. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más se ha opuesto a los centros, alegando que se trata de «medidas coyunturales». Pide «soluciones a largo plazo» pero a la vez el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ausentó de la última cumbre de titulares del ramo que trató estos asuntos.
En 2023, la UE registró 380.000 intentos de entrada irregular, el número más alto desde 2016 y un 17% más que en 2022. La ruta del Mediterráneo central fue la más transitada, con 158.000 migrantes, mientras que los sirios fueron la principal nacionalidad en estos movimientos. Sin embargo, en 2024, las llegadas irregulares a la UE cayeron un 39%, alcanzando 239.000 personas, la cifra más baja desde 2021. A pesar de esta disminución, la ruta hacia las Islas Canarias aumentó un 18%, alcanzando un récord de casi 47.000 llegadas.
