Publicado: septiembre 8, 2025, 5:30 am
Los cinco jueces del Tribunal Supremo de Brasil que juzgan el intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro para impedir el retorno a la presidencia de Lula da Silva en 2022 dedicarán esta semana a deliberar sobre la sentencia. Las pruebas aportadas por la Fiscalía, en gran parte basadas en el testimonio de quien era el secretario personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid , apuntan a una condena, según el análisis de los expertos. En caso de condena, la pena quedaría probablemente por debajo del máximo de los 43 años de prisión derivados de los cinco delitos de la causa. El partido de Bolsonaro está promoviendo la aprobación de un indulto en el Congreso y, en cualquier caso, se compromete a proceder al perdón si su candidato gana las elecciones de 2026. La Administración Trum p se ha inmiscuido en el proceso en favor de Bolsonaro, dando alas a las protestas de sus partidarios. Además de acentuar la polarización política que vive el país, una condena tendría también su impacto en las Fuerza Armadas, pues junto a Bolsonaro se juzga a siete de sus máximos colaborades en la Presidencia, varios de ellos ministros, en su mayoría militares de alto rango. De todos modos, no se contempla ninguna insubordinación castrense que ponga en peligro el orden constitucional brasileño. La sala primera del Supremo brasileño, presidida por el juez Alexandre de Moraes , juzga a Bolsonaro y a su camarilla por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada. Asimismo, la causa incluye la acusación de daño al patrimonio gubernamental y deterioro de patrimonio protegido, debido a los destrozos provocados por sus seguidores cuando el 8 de enero de 2023 ocuparon la Plaza de los Tres Poderes y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo. Si quizás es difícil vincular esas acciones de los manifestantes, que se produjeron unos días después de que Lula tomara posesión como nuevo presidente, a órdenes directas de Bolsonaro, todo indica que existe una mayor evidencia de la implicación de este en los planes anteriores para desconocer el resultado de las elecciones, cuya segunda vuelta tuvo lugar el 30 de octubre de 2022. Junto con Bolsonaro, en la conspiración habrían participado especialmente, según la acusación, los ministros de la Casa Civil, de Seguridad Institucional, de Defensa y de Justicia, así como el comandante de la Armada y el director de la agencia de inteligencia, además del secretario personal del presidente. Se trata de cinco generales, un almirante, un teniente coronel y dos comisarios. Como se ha manifestado en las vistas del juicio, a partir de 2021 Bolsonaro y su equipo realizaron declaraciones públicas sembrando dudas sobre la seguridad del sistema de votación y mantuvieron reuniones para preparar un plan de acción en caso de que ganara Lula . Bolsonaro sostuvo un encuentro con los jefes de las Fuerzas Armadas en el que sugirió un alzamiento; este solo fue apoyado por el jefe de la Armada, mientras que el del Ejército lo rechazó por ilegal, según el testimonio de Mauro Cid , quien ha aceptado colaborar con la Justicia para poder rebajar su pena. La acusación también destaca que hubo planes para asesinar a Lula , envenenándole, así como a su vicepresidente, Geraldo Alckmin , y al juez Moraes, que entonces estaba al frente de supervisar el desarrollo de las elecciones. Un documento con este plan fue impreso en una oficina de la Presidencia. Quien lo redactó asegura que fue una idea personal, en absoluto discutida con Bolsonaro o su equipo. En esta misma línea, la defensa del expresidente sostiene que no hubo conspiración para un golpe de Estado, sino reuniones en las que se trataron cuestiones de seguridad habituales antes de unas elecciones. La declaración de culpabilidad o inocencia se determina por mayoría (bastan tres de los cinco jueces). Se espera que la sentencia no se demore; en caso de condena, los jueces deberán luego fijar la pena. Incluso en caso absolutorio, Bolsonaro no podría ser candidato presidencial hasta 2030, debido a una inhabilitación previa determinada en 2023 por otro asunto. Una condena aumentaría aún más la polarización política en Brasil. El Partido Liberal y otros partidarios de Bolsonaro están intentando que un indulto sea aprobado por el Congreso, donde el Gobierno de Lula no cuenta con sólida mayoría. El propio Lula llamó este fin de semana a una movilización callejera para mostrar rechazo a esa iniciativa, a su vez defendida también con manifestaciones por los simpatizantes del expresidente. Varios candidatos que buscan la nominación con el apoyo de las bases de Bolsonaro han prometido indultar al expresidente si ganan las elecciones.
