Publicado: diciembre 14, 2025, 7:30 pm
Ningún acuerdo de paz es perfecto y casi todos son necesarios para impedir que se siga matando. En noviembre de 1995, Bosnia-Herzegovina caminaba hacia su cuarto invierno en guerra cuando el presidente estadounidense Bill Clinton obligó, ante la pasividad de las potencias europeas y la incapacidad de la ONU, a los principales líderes balcánicos a reunirse en la base aérea estadounidense de Wright-Patterson, en Dayton (Ohio) durante tres semanas, para poner fin a un conflicto que estaba desangrando la antigua república de la ex Yugoslavia.
El Acuerdo Marco General para la paz en Bosnia-Herzegovina, más conocido como los Acuerdos de Dayton, fueron firmados el 21 de noviembre de 1995 por el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic (en nombre de la República Federativa de Yugoslavia), el croata Franjo Tudjman (como presidente de la República de Croacia), y el bosnio Alija Izetbegovic (por la República de Bosnia-Herzegovina) y ratificados en París el 14 de diciembre de ese mismo año, hoy hace 30 años.
Once años después de la muerte del mariscal Josip Broz ‘Tito’, dictador de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, empezaba en 1991 un ciclo de gran violencia que duró una década. Cinco conflictos armados descuartizaron el estado balcánico reconvirtiéndolo en los siete países actuales (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Kosovo).
La guerra de Bosnia-Herzegovina fue una de las más crueles con un balance de más de cien mil muertos y dos millones de refugiados. Además, hubo decenas de miles de desaparecidos, miles de mujeres y menores fueron violadas y se utilizaron campos de concentración y exterminio. El asedio de Sarajevo fue el más largo de la historia contemporánea. Otras ciudades bosnias también sufrieron cercos igual de salvajes y menos mediáticos. Lo peor: las comunidades siguen viviendo actualmente unas de espaldas a las otras tras romperse definitivamente los puentes de convivencia.
El acuerdo de Dayton respetó las fronteras originales de la antigua república yugoslava, pero también legalizó las conquistas bélicas y la limpieza étnica durante la guerra. Bosnia-Herzegovina quedó dividida en dos entidades, la Federación Croata-Musulmana, que posee el 51% del territorio bosnio y la República Srpska, de mayoría serbia con un 49%, cada una dotada de sus propias instituciones, parlamento y gobierno, aunque integradas en un marco estatal unitario. También se estableció que existen tres pueblos con los mismos derechos: los bosníacos musulmanes (50% de la población), los serbios ortodoxos (30%) y los croatas católicos (15%).
El órgano de gobierno más elevado es la Presidencia tripartita, compuesta por tres miembros, cada uno en representación de uno de los tres pueblos constitutivos y la rotación tiene una duración de ocho meses. La estructura legislativa es muy compleja: cada entidad tiene su propio parlamento que es elegido cada cuatro años. Y existe la Cámara de Representantes del Parlamento, formada por cuarenta y dos diputados, veintiocho elegidos en la Federación y catorce en la República Srpska.
Las tensiones entre las distintas comunidades obligan a que treinta años después de finalizar la guerra se mantenga la figura internacional del Alto Representante, capacitado para tomar decisiones vinculantes cuando las partes locales sean incapaces de ponerse de acuerdo y puede destituir a los funcionarios públicos que violen compromisos legales o los acuerdos de Dayton, lo que limita la autonomía de las autoridades locales de Bosnia-Herzegovina. Algunas organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch o International Crisis Group creen que los acuerdos de Dayton actúan con un corsé que obstaculiza el futuro político, social y económico del país.
El cansancio por una guerra larguísima y mortífera obligó a buscar una rápida solución y se permitió una institucionalidad engorrosa que hace muy difícil la toma de decisiones en la actualidad. La multiplicación de los organismos ha disparado la burocracia y ha facilitado la corrupción.
La inestabilidad política y económica genera incertidumbre y descontento y el país sufre una de las tasas de emigración más altas del mundo, especialmente de jóvenes, impulsada por la falta de oportunidades y la mala calidad de vida, con casi la mitad de sus tres millones doscientos mil habitantes viviendo fuera del país. 620.000 ciudadanos bosnios se han marchado en la última década.
En mayo de 1993, cuando nadie sabía cuándo acabaría la guerra, la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Los fiscales empezaron a investigar los crímenes cometidos y prepararon una larga lista de personas de todas las nacionalidades para ser detenidas en cuanto acabase la guerra. Las autoridades serbias y los miembros de las milicias serbobosnias se llevaron la peor parte por su gran responsabilidad en los crímenes cometidos.
El presidente serbio Slobodan Milosevic fue arrestado en 2001 y acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Su fallecimiento en prisión en 2006 impidió enjuiciarle y condenarle. El líder serbo-bosnio Radovan Karadzic se ocultó en 1997 y no fue arrestado hasta julio de 2008. En marzo de 2016 fue declarado culpable de genocidio por ordenar la masacre de Srebrenica y de otros graves crímenes como el sitio de Sarajevo y condenado a 40 años de cárcel. La condena fue elevada a cadena perpetua el 20 de marzo de 2019.
El general Ratko Mladic fue detenido en 2011 por las autoridades serbias y trasladado a La Haya para ser juzgado por el tribunal internacional. En noviembre de 2017, fue declarado culpable de genocidio y crímenes de guerra y condenado a cadena perpetua. Otros responsables croatas y bosnios-musulmanes también fueron condenados a distintas penas de cárcel por crímenes de guerra.
