Publicado: julio 28, 2025, 11:00 am
El migrante venezolano Andry Hernández Romero recuerda la noche agridulce antes de ser enviado en un vuelo desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, un lugar en el que cuenta que vivió un “infierno”. Sin aviso fue deportado, acusado de pertenecer a una banda criminal por sus tatuajes. Allí perdió su libertad, su cabello —como estilista, parte importante de su identidad— y toda conexión con el mundo exterior.
Era 14 de marzo y se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Laredo, Texas. Llevaba ya más de medio año detenido en EE.UU. tras llegar al cruce fronterizo de San Ysidro con México a finales de agosto de 2024 buscando asilo.
Tanto Hernández como los demás migrantes recluidos en Laredo ya sabían que serían deportados en vuelos, pues cuenta que días antes se habían enterado. La batalla legal durante meses no había rendido frutos, comenta el estilista y maquillador venezolano.
La noche del viernes 14 de marzo fue de sentimientos encontrados, recuerda. El sueño había llegado a su fin, pero rememora en entrevista con CNN: “Repartieron helados (en el centro de detención) y éramos felices porque ya tenía mucho rato que no comíamos un helado ni probábamos alguna bebida bien helada”.
Alrededor de las 6 a.m. del sábado 15 de marzo ?añade?, desayunaron, se bañaron, se vistieron y los subieron a camionetas para llevarlos al aeropuerto.
“Ya se acabó la lucha, ya nos vamos para Venezuela, no hay vuelta atrás. Regresábamos con una mano adelante y una mano atrás, pero felices porque vamos a estar con nuestras familias. Y de estar presos, prefiero estar acá en mi casa”, comenta.
Pero su avión no llegó a Venezuela, sino a El Salvador, algo que, según Andry Hernández, nunca les informaron. Una demanda colectiva contra el Gobierno del presidente Donald Trump en la que figuraba Andry Hernández señaló que varios migrantes, así como el abogado firmante de la querella, no recibieron notificación sobre las deportaciones.
Fue en ese momento que comenzó otra odisea de meses, en otro país completamente desconocido, sin poder contactar defensa legal ni familiares.
“Colaboren, pórtense bien”
A su llegada al país, Hernández recuerda que el primero en bajar fue un salvadoreño que iba en el vuelo. Luego intentaron bajar a las mujeres venezolanas a bordo, pero “El Salvador no las quiso recibir”, agrega el estilista originario de Capacho Nuevo, un pueblo en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
Dice que siguieron todos los demás, y que los agentes federales de EE.UU. en el vuelo los exhortaron a colaborar y portarse bien.
“Llega un oficial y nos dice: ‘Colaboren, pórtense bien, bájense por su propio medio, no permitan o no dejen que las autoridades de El Salvador se metan y lo hagan al modo de ellos’”, señala.
Pero los “golpes, patadas, amenazas” se hicieron presentes una vez que pisaron los escalones para bajar del avión, dice el joven. Añade que los funcionarios salvadoreños los llevaban inmovilizados de los brazos y con la barbilla pegada al cuerpo hacia los autobuses que los trasladarían al Cecot.
“Si te llegabas a caer en ese trayecto, créanme que era lo peor que pasaría en ese momento. Te levantaban a punta de patadas y de golpes. Dentro del bus también nos daban en la cabeza, decían que éramos la peor pandilla criminal a nivel mundial, que éramos del Tren de Aragua, que éramos los terroristas más peligrosos del mundo”, relata.
El Gobierno de EE.UU. envió a Hernández al Cecot por presuntos vínculos con la banda criminal venezolana del Tren de Aragua. Desde que estaba detenido en Estados Unidos se le vinculó con la banda por sus tatuajes, algo que el migrante de 32 años niega. Sus seres queridos y familiares también negaron las acusaciones y presentaron documentos que lo identifican como una persona sin antecedentes penales.
Y no solo fue él. Más de 250 venezolanos —ahora ya de vuelta en casa— fueron deportados al Cecot (la megaprisión que construyó El Salvador para encarcelar a “lo peor de lo peor”, según el presidente Nayib Bukele). Estados Unidos lo hizo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una política de tiempos de guerra que invocó el Gobierno de Trump para expulsar del país a presuntos miembros del Tren de Aragua, a pesar de que había una orden de un juez que bloqueaba el uso de la ley para las deportaciones.
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