Publicado: agosto 19, 2025, 11:00 pm
Aumentar los precios de las bebidas azucaradas en un 20% podría ser una de las estrategias más efectivas para reducir su consumo hasta un 19% y prevenir enfermedades relacionadas, explicó Judith Senyacen Méndez.
La directora adjunta de Investigación y especialista en Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) puntualizó que, de acuerdo con estimaciones basadas en evidencia empírica, si se incrementa 20% el precio de estos productos podría reducirse su consumo entre un 16 y 19 por ciento.
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Incluso, el alza de precios en bebidas como los refrescos tienen un mayor efecto entre los jóvenes y las personas con menores ingresos, ya que son más sensibles a estos ajustes, por lo que, si sube el costo de estos productos, su consumo baja más en comparación con el resto de la población.
El aumento del 20% en el precio de las bebidas azucaradas es un porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2016, puntualizó.
«Existe evidencia empírica de que el aumento en los precios sí funciona para reducir el consumo de bebidas azucaradas y, por otro lado, también ayudaría a aumentar la recaudación», sostuvo Judith Senyacen Méndez.
La especialista sugirió que los impuestos que pudieran recaudarse deberían destinarse al presupuesto para ciertos programas de prevención y atención a la salud.
Iván Bremeunea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, comentó que estudios realizados por la organización demostraron que esta medida podría reducir hasta en 970,000 los casos de obesidad, además de generar una recaudación anual superior a los 104,000 millones de pesos, equivalente al 60% del presupuesto del IMSS-Bienestar.
Subrayó que, incluso, si el incremento de precios fuera del 6%, los casos de obesidad podrían disminuir 3.2 por ciento. Aunque acotó que prohibir el consumo de estos productos no sería el mejor camino.
Polémica medida
En 2014, México aplicó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas —inicialmente de 1 peso por litro, actualmente es de 1.64 pesos— como parte de la política pública para reducir su consumo y combatir la obesidad.
Aunque la efectividad ha causado polémica, ya que estudios del Colegio de México (Colmex), el ITAM y la Universidad de Nuevo León concluyeron un par de años después de la implementación del gravamen que el impacto había sido mínimo.
El estudio del Colmex, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refirió que el volumen anual de venta de refrescos disminuyó 1.9% en 2014 en comparación con el año previo, aunque esta reducción se veía desde el 2012.
Por el contrario, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reportó una disminución promedio del 6% en el consumo de estas bebidas por la aplicación del impuesto.
Iván Bremeunea anotó que el impuesto actual a las bebidas azucaradas ya no tiene un impacto significativo, pues representa entre 5.6% y 5.9% del precio de estos productos. Por ello, dijo, sería importante aumentarlo al 20 por ciento.
“Es una desgracia porque México fue el ejemplo mundial para establecer el impuesto a las bebidas azucaradas”, lamentó.
Resaltó que una de las principales causas de muertes por enfermedades cardiovasculares tiene que ver con el consumo de azúcar.
“Esto tiene su mayor expresión en las comunidades más marginadas de nuestro país, donde el consumo de bebidas azucaradas se dispara y donde antes la diabetes no existía y ahora es una profunda epidemia”, agregó.
El coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar dijo que para atender este problema han presentado a las autoridades un documento con propuestas para incrementar el precio a las bebidas saborizadas a 7 pesos por litro, que incluye las que contienen edulcorante o sin azúcar, a excepción del agua.
Entre las propuestas están que esta industria pague impuestos bajo un régimen fiscal especial que limite las deducciones en marketing y publicidad, además, se restrinja el acceso a beneficios fiscales, y se establezcan mayores medidas de transparencia y una carga tributaria más alta.
