Publicado: noviembre 9, 2026, 12:00 pm
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, en el que las personas pueden participar brindando información y pruebas sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales.
«Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años», señaló la Auditoría Superior.
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El programa es un instrumento que está conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de la dependencia, siendo que primera vez, realiza este tipo de investigación con la colaboración directa de informantes, quienes buscan reducir las posibles sanciones a cambio de la información y pruebas que aporten sobre este caso.
Elementos de pruebas
La Auditoría Superior de la Federación indicó que las pruebas que han brindado los informantes son las siguientes:
- Testimonios.
- Documentos.
- Fotografías.
- Videos.
- Información financiera.
- Domicilios.
- Mensajes de WhatsApp.
- Nombres.
- Alias de presuntos involucradas.
Como resultado, hasta el momento se logró documentar indicios de los beneficiarios finales de diversas empresas que intervinieron en la selección de proveedores, así como en la definición los requisitos técnicos a favor de las empresas que participaban.
Origen de la investigación
Recientemente, la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, se enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales durante su gestión.
Las sospechas apuntan a posibles vínculos con empresarios y a una presunta red de corrupción que se relaciona con la adjudicación de contratos; esta polémica aumentó luego de que se difundieran videos en los que Taddei aparece junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, con quien revisaba cifras y calculaba el reparto de las ganancias millonarias que presuntamente estaban vinculadas con contratos del INE.
Ante estos señalamientos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició investigaciones por un posible uso indebido de recursos públicos, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó investigaciones sobre operaciones relacionadas con proveedores electorales.
Aunque la exconsejera presidenta renunció al cargo el 25 de octubre, las indagatorias siguen y hasta el momento los señalamientos no constituyen una resolución definitiva sobre su responsabilidad. La Auditoría afirmó que continuará con la investigación para identificar a más involucrados, seguir la ruta del dinero y determinar quiénes son los responsables.
