Publicado: febrero 24, 2026, 6:00 am
La semana pasada el gobierno anunció una serie de incentivos fiscales para las producciones cinematográficas y audiovisuales, siendo esto celebrado por productores, actores y directores. Dichos incentivos son parte del Plan Integral de Apoyo al Cine Nacional. Casi 50 protagonistas de la cinematografía mexicana se tomaron orgullosamente la foto con la Presidenta en Palacio Nacional para festejar el anuncio. Salma Hayek fungió como la vocera del grupo y exclamó: “¡Con este respaldo nadie podrá competir con nosotros! No hay país en el mundo que tenga la diversidad ecológica, de belleza, aquí lo hay todo… y técnicamente somos maravillosos”. Ya encarrilada se aventó la puntada de que “lo que no teníamos era esta presidenta… me ha tocado sentir un cambio, ver y ser parte del cambio”. ¿De verdad? Hayek dejó de residir en México desde hace cuando menos 30 años, es ciudadana naturalizada estadounidense. Su exitosa carrera como productora, empresaria y actriz la forjó fuera de México. La 4T le indicó el mensaje que debería de dar. Sólo que, como buena actriz, se le pasó la mano de entusiasmo cuatrotero.
Pero vayamos al fondo del tema. Todo gobierno tiene un interés legítimo en impulsar y promover su cinematografía. Hay distintas maneras de hacerlo. Con su sesgo nacionalista, este gobierno optó por incentivos mediante un crédito fiscal que priorice la contratación de personal mexicano en las producciones que se realicen en el país. Para garantizar que el beneficio fortalezca directamente a la industria nacional y a sus creadores, sólo se otorgará dicho incentivo cuando al menos el 70% del gasto que se realice sea en proveeduría nacional. Supuestamente, esto atraerá producciones extranjeras. Pero, ¿qué acciones se piensa instrumentar para garantizar la calidad de los servicios para las producciones?
No se conocen las reglas y requisitos para poder tener acceso a los beneficios, que debe ser con reglas claras, total transparencia y sin discrecionalidad. Pero la suspicacia es que el Estado decidirá aprobar, con criterios políticos, temas favorables al gobierno y no temas críticos. Salvo contadas excepciones, esto siempre ha sucedido con los apoyos que pasados gobiernos le dieron al cine (recuérdese el fideicomiso de promoción al cine nacional de Echeverría). Ya la pauta la dio Epigmenio Ibarra, matraquero de la 4T, que se le vio en primera fila en el evento mencionado.
Pensemos en alguien que quisiera hacer un documental basado en el reciente libro de Scherer Ibarra. ¿Realmente le darían acceso a los incentivos? ¿El gobierno daría su aval para ese documental?
Ausente de los incentivos está la promoción a las producciones independientes que cuentan con presupuestos bajos, pero con diversidad cultural y libertad creativa. Sin el cine independiente, probablemente la industria sólo dependería de éxitos comerciales.
Igualmente, un incentivo efectivo sería el otorgamiento de becas para estudiar y formarse en el extranjero. Ha sido el caso de, por ejemplo, los afamados directores Cuarón, G. Iñarritu y del Toro.
Finalmente, es un desatino que la ley obligue a que las salas comerciales destinen el 10% de sus tiempos de función para proyectar películas de productoras nacionales, sin tomar en cuenta su calidad. Es no permitir que el mercado asigne las preferencias del público.
