Publicado: agosto 18, 2025, 7:00 am
En cada entrega de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nos recuerda que la transparencia en México sigue siendo más promesa que práctica. Los informes más recientes —2024 y el primer corte de 2025— revelan cifras que deberían encender alarmas en todos los niveles de gobierno: más de 51,000 millones de pesos pendientes de aclaración, con estados y municipios como principales protagonistas del desorden contable.
Lo preocupante no es solo el monto, sino la reiteración. Año tras año, los mismos sectores —educación, salud, infraestructura— concentran las irregularidades. ¿Cómo es posible que el gasto federalizado, que debería ser el más vigilado, siga siendo el más opaco? ¿Dónde están los mecanismos correctivos? ¿Dónde está la voluntad política?
David Colmenares Páramo, titular de la ASF, ha defendido su gestión con cifras de recuperación y avances tecnológicos. No es menor que se haya auditado a más de 1,000 municipios y que se utilice inteligencia artificial para detectar anomalías.
Pero el problema no es solo técnico: es institucional. La ASF puede señalar, pero no sancionar. Y mientras las observaciones se acumulan, los responsables rara vez enfrentan consecuencias.
Más aún cuando las observaciones que realiza la ASF están prescritas. Tal parece que el equipo del economista Colmenares desconoce que el término para investigar e imponer una sanción es de cinco años.
Es tan ineficaz el área de Auditor Especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, que anda persiguiendo presuntos responsables administrativos de los años 2016 y 2017, y quien se avienta la puntada, por cierto ilegal, de alargar una audiencia por más de cuatro años, violentando la figura de la prescripción y los derechos de los ciudadanos. Ni con trampas puede sancionar el maestro Barriga.
Y ni hablar de las famosas auditorías cruzadas, ciegas, que no se hablan unas con otras. Un verdadero desastre la fiscalización y la responsabilidad resarcitoria, cuya mediocridad e ineficacia de sus áreas de investigación es solo una muestra.
La rendición de cuentas no puede depender exclusivamente de la capacidad técnica de la ASF y la mediocridad de sus auditores. Requiere una arquitectura legal que obligue a corregir, sancionar y prevenir. Requiere que los informes no se queden en los archivos del Congreso, sino que se traduzcan en acciones concretas.
Querido lector, cada año se detectan miles de millones sin aclarar y nada cambia; entonces la ASF no sirve para nada. Hasta la próxima.
