Publicado: diciembre 21, 2025, 6:30 pm
Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
Tras una maratónica audiencia que duró 12 horas -la única que se celebró en toda la causa-, la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo selló el destino inmediato de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo Gonzalez Urrutia, el presidente electo, hoy en el exilio en España tras el fraude que le despojó del triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. De manera remota, por una transmisión de video, condenó a Tudares a 30 años de prisión, la máxima pena que prevé la Constitución venezolana vigente desde el año 2000.
En un país con un sistema judicial acorde con estándares democráticos, el proceso contra Tudares resaltaría por sus irregularidades. Pero esto es la Venezuela de Nicolás Maduro, y las anomalías son parte del paisaje: el reo pasó once meses de desaparición forzada, un rehén en la práctica que no pudo ver en ningún momento a ningún. El expediente se mantuvo en reserva, protegido con múltiples escollos para el acceso de la defensa, que no podía ser un abogado de confianza escogido por el indiciado. Finalmente, se apuró un juicio exprés que la titular del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de Caracas resolvió con una sentencia que endosó a Rafael Tudares Bracho los delitos de terrorismo y conspiración. El fallo tuvo el efecto de levantar el perfil ante la menguada opinión pública venezolanade la jueza Romero Castillo , quien desde 2023, cuando apenas contaba con 30 años de edad, viene conociendo casos de prisioneros políticos, unos 40, tanto del ámbito civil como del militar.
Como ocurre con la mayoría de los jueces pertenecientes al circuito de tribunales contra el terrorismo, a la hoja de vida de la jueza Romero Castillo la cubre una opacidad calculada. En la única foto que circula en redes sociales donde aparece, se le ve vestida con blusa amarilla y pantalón negro, lentes con una montura ancha de color blanco, posando sonriente junto con un grupo de empleados públicos en los distinguibles pasillos del Palacio de Justicia en Caracas.
De resto se encuentra un vacío tan rotundo que se plasma literalmente en la puerta del tribunal que preside, donde no se lee el nombre de la titular. Ninguno de los nombramientos que debieron impulsar su veloz carrera judicial se puede consultar en la Gaceta Oficial. Sólo la ficha de su cuenta en el Instituto Venezolano del Seguro Social expone que entró a trabajar en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en diciembre de 2014, cuando tenía 21 años. Pero no hay menciones formales de su paso por la Secretaría de la Sala 8 de la Corte de Apelaciones ni tampoco rastro público de sus decisiones como jueza del Tribunal 29 de Juicio del Circuito Penal de Caracas, instancia en la que ya asumió competencias para decidir sobre casos de terrorismo, aunque no hubiese sido creada para tal fin.
En línea con ese enigma cultivado, en ningún documento público se registra su designación como jueza del Tribunal Tercero con competencia en terrorismo, cargo en el que sustituyó en julio de 2023 a Aquiles Vera. Tuvo que ser una ONG, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la que informara que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, dominado por el oficialismo) había transferido la competencia en funciones de terrorismo al Tribunal 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, entonces a cargo de Romero Castillo. La responsabilidad que se le adjudicó refleja la confianza que desde temprano obtuvo del régimen.
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