Publicado: octubre 9, 2025, 7:30 am
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado la querella presentada por el músico Nacho Cano contra la magistrada que le investigó por supuestos delitos contra los extranjeros y los trabajadores, en una causa que después archivó la Audiencia Provincial de Madrid al no ver indicios de delito.
El Tribunal Superior de Justicia madrileño rechaza la denuncia presentada por el artista, que atribuía a la juez Inmaculada Iglesias un presunto delito de prevaricación, al considerar que no es competente porque esta magistrada se jubiló el pasado mes de agosto y habría perdido ya su condición de aforada, según indica en un auto al que ha tenido acceso EFE.
Este tribunal no entra en el fondo de la querella presentada por el cantante y compositor, que atribuía a la magistrada actuaciones arbitrarias y subjetivas durante su instrucción y la acusaba de no haber respectado los derechos del investigado.
Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia archiva la denuncia de Cano por no ser competente, aunque el auto indica que el querellante puede interponer esta denuncia ante el órgano judicial correspondiente.
Además, contra esta decisión es posible interponer un recurso de súplica. En diciembre de 2024, el TSJM ya rechazó una denuncia de Nacho Cano contra la jueza por irregularidades en la instrucción, al entender que no cumplía los requisitos legales y que no se apreciaba el delito denunciado.
Nacho Cano anunció su querella contra la magistrada Inmaculada Iglesias después de que el pasado mes de abril la Audiencia Provincial archivase su investigación sobre las condiciones de los jóvenes mexicanos que trabajan como becarios en el musical Malinche, a raíz de una denuncia interpuesta por una de ellos.
A juicio de los representantes del músico, no había indicios suficientes para iniciar una instrucción y por ello acusaron a la magistrada de acordar diligencias «innecesarias e impertinentes» para alargar la investigación y mantener imputado a Cano, «sufriendo la condena social de la conocida ‘pena del banquillo'».
Al archivar la causa, la Audiencia Provincial apuntó a la «falta de indicios racionales» de que Cano y otros investigados hubiesen cometido delitos contra los derechos de los trabajadores, al considerar que no trató de introducir irregularmente en el país a jóvenes mexicanos para que trabajasen en su espectáculo.
