Publicado: junio 19, 2026, 12:00 pm
El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) presentó la lista general de las ciudadanas y ciudadanos postulados a ocupar cargos en el Tribunal Supremo de Justicia.
Por lapatilla.com
Este procedimiento técnico y político se ejecuta en estricto cumplimiento de lo consagrado en el artículo 264 de la Constitución venezolana en concordancia con los artículos 37, 71, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Las postulaciones abarcan las siguientes vacantes de dirección e investidura: Magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), inspectora o inspector general de tribunales y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Apertura del periodo de impugnaciones
Con la publicación formal de los listados generales se dio inicio inmediato al denominado periodo de impugnaciones.
De acuerdo con el reporte oficial del comité parlamentario, este lapso de objeciones transcurrirá formalmente desde el 19 de junio hasta el 3 de julio de 2026, ambos días inclusive.
Durante estas dos semanas, la instancia legislativa se encargará de recibir, procesar y pronunciarse responsablemente sobre la admisión o el descarte de cada una de las impugnaciones que consigne la ciudadanía.
Requisitos indispensables para impugnar
El Comité de Postulaciones Judiciales recalcó que el proceso se encuentra debidamente normado para evitar señalamientos infundados.
En este sentido, las impugnaciones civiles contra cualquiera de las candidatas o candidatos de la lista deben cumplir obligatoriamente con dos condiciones técnicas:
Deben ser consignadas estrictamente por escrito ante la sede de la comisión parlamentaria en el Palacio Federal Legislativo.
El solicitante debe adjuntar prueba fehaciente y verificable que respalde los alegatos esgrimidos contra las condiciones morales, académicas o jurídicas del postulado en cuestión.
Perfiles destacados de postulados a magistrados del TSJ
Aimee Nogal: Es Rectora Principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde agosto de 2023. Anteriormente, se desempeñó como abogada asesora del propio CNE a partir de 2005. Vinculada históricamente a la oposición. Fue una destacada dirigente y secretaria política de la Dirección Ejecutiva Federal del partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo (UNT). Entró al CNE en 2023 bajo la cuota de representación independiente/opositora (junto a Juan Carlos Delpino). Sin embargo, tras el escenario político posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024, recibió fuertes críticas de sectores de la oposición mayoritaria por alinearse con las decisiones de la directiva institucional del CNE.
Luis Emilio Rondón: Diputado a la Asamblea Nacional (ocupando curul en el periodo 2016-2021 y reincorporado para el periodo iniciado en 2026). Fue también vicepresidente del Parlamento del Sur (Parlasur) por Venezuela. Oposición moderada / Socialdemocracia. Es una de las figuras históricas y fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT), donde ejerce como Vicepresidente Ejecutivo Nacional. Representa el ala más institucional y de negociación de la oposición tradicional venezolana, apostando constantemente por la vía electoral y parlamentaria dentro del ecosistema de partidos.
Gloria Pinho: Exjueza de la República. Fue jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas entre 2012 y 2016. Es especialista en materia penal y doctora en Derecho Constitucional. Se define como independiente, aunque políticamente se mueve en la órbita de la oposición disidente o judicializada. En 2021 fue candidata a la Alcaldía de Chacao respaldada por la Alianza Democrática y el partido Soluciones. En 2023 se inscribió de forma independiente en las elecciones primarias de la oposición.
Marjorie Calderon: Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ejerció como Presidenta de la Sala de Casación Social del TSJ entre diciembre de 2014 y abril de 2022. También integró delegaciones oficiales del Estado venezolano ante organismos internacionales (como la ONU en Ginebra). Totalmente alineada con el oficialismo (chavismo). Su ascenso y permanencia en la cúpula judicial corresponden al control institucional del oficialismo sobre el Poder Judicial. Antes de ser magistrada del TSJ, cobró gran notoriedad pública como la jueza de juicio del estado Aragua que condenó a los comisarios y policías metropolitanos por los sucesos de abril de 2002. Organizaciones como Transparencia Venezuela y declaraciones de exmagistrados (como Eladio Aponte Aponte) han señalado en reiteradas ocasiones que su ascenso al TSJ fue un premio político por llevar a cabo dicha condena.
Francisco Torrealba: Diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV (reelecto para el período iniciado en 2026). Fue Ministro del Proceso Social de Trabajo en dos ocasiones (2017 y 2022-2024). Ha sido el jefe del Bloque de la Patria en el Parlamento y es un histórico dirigente sindical de los trabajadores ferroviarios (IFE). Oficialismo radical / Miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Joel García: Abogado penalista y profesor universitario. No ha ocupado altos cargos en la administración pública reciente, ya que se ha dedicado al ejercicio privado del derecho, especializándose en la defensa de derechos humanos. Oposición / Defensor independiente de Derechos Humanos.
Katherine Harringtong: Fue Vicefiscal General de la República (2017-2018), designada por el TSJ en medio del conflicto institucional con Luisa Ortega Díaz. Posteriormente, ejerció como Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (2023-2024). Al inicio de su carrera, fue una destacada fiscal de nivel nacional en el Ministerio Público. Totalmente alineada con el oficialismo (chavismo). Fue sancionada por el Gobierno de los Estados Unidos en 2015 (bajo la orden ejecutiva de Barack Obama) y posteriormente por la Unión Europea, Canadá y Panamá, acusada de violaciones a los derechos humanos y de procesar judicialmente a opositores con pruebas dudosas (como en los casos de Antonio Ledezma y Leopoldo López).
Juan José Mendoza Jover: Magistrado del TSJ y Presidente de la Sala Constitucional (2017-2022). También ejerció como Segundo Vicepresidente del TSJ. Antes de su carrera judicial, fue diputado a la Asamblea Nacional por el oficialismo (2006-2010) y es militar en reserva activa (Ejército). Oficialismo / Vinculado estructuralmente al PSUV. Durante su gestión al frente de la Sala Constitucional, fue el firmante y redactor principal de las polémicas sentencias que declararon el “desacato” de la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015.
Carol Bealexis Padilla Reyes: Jueza penal de larga data. Ha ejercido como Jueza del Juzgado 20° de Primera Instancia en Funciones de Control y del Segundo Tribunal de Control con competencia en casos vinculados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Previamente, en 2012, ocupó cargos administrativos de alta confianza en la Asamblea Nacional (en la Sección de Seguimiento y Control Legislativo). Totalmente alineada con el oficialismo (chavismo). Fuentes políticas y de investigación periodística la vinculan directamente como un cuadro de extrema confianza de la alta dirigencia del PSUV (especialmente de Diosdado Cabello). Ha sido el brazo judicial ejecutor en los casos políticos más notorios de los últimos años. Firmó las órdenes de aprehensión y llevó las causas de figuras de la oposición como los diputados Juan Requesens, Julio Borges, el concejal Fernando Albán y Roberto Marrero (exjefe de despacho de Juan Guaidó). Debido a su rol en estos procesos, caracterizados por denuncias de violaciones al debido proceso, fue sancionada en 2019 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC).
Josmary Angelica Páez: Abogada, docente universitaria y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Dentro del Poder Judicial, se ha desempeñado principalmente a nivel técnico y de asesoría como abogada adjunta de la Sala de Casación Penal del TSJ (adscrita en su momento al despacho del exmagistrado Juan Luis Ibarra Venezuela). También ha ejercido funciones como secretaria general de la Coordinación Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente (Cnspra) del TSJ. Oficialismo institucional / Técnico-político. Sus posturas públicas y ponencias académicas dentro del TSJ han defendido plenamente la doctrina jurídica del Estado actual (por ejemplo, disertando sobre los desafíos legales frente a la declaratoria de “desacato” de la Asamblea Nacional opositora en años anteriores). Es una aspirante recurrente a los altos cargos del Poder Ciudadano y Judicial. Ha figurado previamente en las listas de postulados para Magistrada del TSJ, Defensora Pública General e incluso para el cargo de Defensora del Pueblo. Su perfil combina el bagaje académico y operativo dentro de la misma estructura interna del Tribunal Supremo.
