Publicado: julio 23, 2026, 2:00 pm
Jacqueline Richter, directora general del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS), advirtió que la legislación laboral venezolana no ofrece respuestas suficientes para proteger a los trabajadores afectados por el doble terremoto del 24 de junio y sostuvo que, ante esta situación extraordinaria, el Estado debe garantizar apoyo económico a las personas damnificadas.
Durante su participación en Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Richter explicó que el derecho laboral fue diseñado para escenarios de normalidad y que las figuras jurídicas existentes, como la suspensión de la relación de trabajo por causa de fuerza mayor, solo contemplan situaciones temporales.
En esos casos, indicó, el trabajador no está obligado a prestar servicios y el empleador tampoco tiene la obligación de pagar salarios porque ninguna de las partes es responsable de la interrupción de la actividad.
Sin embargo, afirmó que la legislación no prevé qué ocurre cuando miles de personas quedan sin posibilidad de trabajar por una catástrofe natural.
“Nos encontramos frente a un vacío de las obligaciones estatales en torno a la relación de trabajo”, expresó.
Los damnificados requieren apoyo económico
Richter sostuvo que, en una emergencia como la actual, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos afectados, independientemente de la relación laboral que mantengan.
En ese sentido, propuso que el Gobierno otorgue transferencias económicas directas a las personas censadas en refugios para cubrir necesidades básicas más allá de la alimentación.
“El Estado tiene una obligación con su ciudadano que está viviendo una situación de desamparo y de desprotección por un evento natural”, aseguró.
Como referencia, mencionó las ayudas económicas que el Gobierno de Estados Unidos entregó a la población durante la pandemia de Covid-19.
Para leer más ingrese AQUÍ
