Publicado: agosto 8, 2025, 4:00 pm

Activistas y organizaciones sociales se concentraron la tarde de este viernes 8 de agosto en la sede de Naciones Unidas, en Caracas, para expresar su solidaridad con las madres de presos políticos que fueron agredidas el pasado martes 5 de agosto por colectivos paramilitares afines al chavismo, mientras realizaban una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por: lapatilla.com
La manifestación, documentada por la ONG Provea, comenzó alrededor de las 2:45 p. m. y reunió a decenas de personas que exigieron el respeto a los derechos humanos y la liberación de los detenidos por motivos políticos en Venezuela.
Los asistentes portaban pancartas con mensajes como “Presos políticos por pensar, hablar y actuar distinto” y “Libertad para los presos políticos”, reclamando el cese de la persecución contra la disidencia y el fin de la represión contra las familias que exigen justicia.
El acto de este viernes formó parte de la campaña #LuchaComoUnaMadre, impulsada por defensores de derechos humanos para visibilizar la situación de los reclusos por causas políticas y el impacto que esta realidad tiene en sus familiares.
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El pasado martes, un grupo de madres y familiares de presos políticos realizó una vigilia pacífica frente al TSJ para demandar su liberación.
Según denunció Provea, el acto fue interrumpido violentamente por grupos armados identificados como “colectivos”, quienes agredieron física y verbalmente a las mujeres participantes.
En su cuenta oficial de X (antes Twitter), la organización defensora de DDHH, difundió el testimonio de la activista Martha Lía Gragales, quien relató el momento en que la vigilia fue atacada.
“Cerca de las 9:30 de la noche notamos que los cuerpos de seguridad que resguardaban el TSJ empezaron a retirarse. Entonces empezó el horror. Unos 50 hombres armados empezó a atacarnos”, narró Martha Lía Gragales.
Organizaciones nacionales e internacionales han condenado este hecho, advirtiendo que la criminalización de la protesta pacífica y la violencia contra defensores de derechos humanos constituyen graves violaciones a los compromisos asumidos por Venezuela en tratados internacionales.
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