Publicado: mayo 30, 2025, 3:00 pm
El jurista británico Karim Khan ha decidido dejar temporalmente su cargo como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión sin precedentes en las más de dos décadas de existencia del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos).
La decisión fue anunciada el pasado 16 de mayo de 2025, en un comunicado en el cual se anuncia que la separación se prolongará hasta «la finalización del proceso de la OSSI (Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas)», instancia que lo investiga por unas denuncias de conducta sexual inapropiada y represalias laborales.
La investigación responde a acusaciones presentadas por una empleada subordinada de Khan, quien sostiene que fue víctima de acoso sexual continuado, toques no consentidos y propuestas reiteradas durante viajes oficiales, así como represalias laborales tras la presentación de la denuncia. El fiscal ha negado categóricamente los señalamientos y ha expresado su disposición a colaborar con los investigadores.
Mientras se resuelve el proceso relacionado con Khan, la Fiscalía de la CPI estará bajo la dirección temporal de los fiscales adjuntos Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan, quienes manifestaron a través de un comunicado que su trabajo continuará con plena normalidad en relación con todas las situaciones y casos que cursan ante la Corte.
Este episodio se produce en un contexto de alta tensión para la CPI, que en los últimos meses ha enfrentado presiones políticas y diplomáticas sin precedente por decisiones como las órdenes de arresto emitidas contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por los crímenes cometidos en la invasión en Ucrania, y contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Las acciones han provocado sanciones y campañas de desprestigio contra la CPI por parte de Estados Unidos, Rusia e Israel, lo que ha complicado la operatividad del tribunal.
La crisis interna desatada por la investigación contra el fiscal jefe pone en evidencia las vulnerabilidades estructurales de la CPI, en especial en lo relativo a la gestión de denuncias de mala conducta dentro de la propia institución. Organizaciones de derechos humanos habían solicitado en octubre de 2024 la suspensión temporal de Khan para preservar la integridad del proceso, ante la falta de confianza en los mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas. Este caso revela la necesidad urgente de fortalecer los protocolos de transparencia, protección de denunciantes y auditoría independiente para garantizar que la CPI pueda ejercer su mandato con plena legitimidad.
¿Qué dice el Estatuto de Roma?
Desde un punto de vista legal, el Estatuto de Roma establece que la Asamblea de Estados Partes (AEP) tiene la facultad de suspender o destituir al fiscal en caso de «falta grave o incapacidad», requiriendo para ello una mayoría absoluta de los Estados miembros.
La investigación preliminar de la OSSI determinará si existen fundamentos suficientes para iniciar un proceso formal ante la AEP, lo que podría derivar en la remoción definitiva de Khan o su regreso al cargo. Mientras tanto, la Fiscalía debe garantizar la continuidad de las investigaciones y la protección de las víctimas, bajo el liderazgo temporal de los fiscales adjuntos.
Para una eventual sanción contra el fiscal se requiere de la convocatoria formal de la Asamblea, donde se debe alcanzar una mayoría absoluta de los Estados miembros para adoptar una resolución que suspenda o remueva definitivamente al fiscal. Actualmente, la AEP cuenta con 124 Estados parte, por lo que se necesitan al menos 63 votos.
Sin embargo, es absolutamente necesario que la Asamblea defina con prontitud los detalles del procedimiento, incluyendo los plazos, la composición de los órganos encargados de evaluar las pruebas y la garantía de un proceso justo y equilibrado. Ante la licencia temporal de Khan, la presidenta de la Asamblea, Päivi Kaukoranta, ha manifestado públicamente su confianza en que la institución mantendrá su continuidad operativa y que el proceso para definir el futuro del fiscal se llevará a cabo con la celeridad y la seriedad que demanda la situación.
La definición pronta y clara de estos aspectos es crucial no solo para la resolución del caso del fiscal Khan, sino también para la estabilidad institucional de la CPI y la credibilidad de sus investigaciones en curso, incluyendo casos emblemáticos como el de Venezuela. La demora o la ambigüedad en el proceso podría generar incertidumbre y alimentar narrativas que buscan deslegitimar la labor de la Corte, afectando la percepción pública y la cooperación de los Estados parte. Por ello, las organizaciones de derechos humanos han instado a la AEP a actuar con rapidez y rigor, asegurando que el procedimiento se ajuste a los estándares internacionales de justicia y que la CPI pueda continuar su mandato con plena legitimidad y eficacia.
Las consecuencias del asunto
La crisis en el organismo trasciende la esfera institucional y tiene repercusiones directas en situaciones y casos emblemáticos bajo estudio de la CPI, entre ellos el de Venezuela. La investigación conocida como Venezuela I se refiere a denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios del Estado venezolano, incluyendo encarcelamiento, tortura, violencia sexual y persecución por razones políticas. Desde la apertura del examen preliminar en 2018, esta investigación ha enfrentado múltiples obstáculos, desde la obstrucción del Gobierno venezolano para su avance a través de recursos legales hasta campañas de desinformación y denuncias de recusación sin fundamento legal.
Bajo la gestión de Khan el proceso ha avanzado, sobre todo tras la decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI en 2023 que rechazó los argumentos del Estado sobre la supuesta capacidad de su sistema judicial para investigar y sancionar los crímenes denunciados.
Sin embargo, la separación temporal del fiscal introduce un elemento de incertidumbre, dado que el liderazgo y la estrategia de la Fiscalía son determinantes para la priorización de casos, la articulación de pruebas y la interlocución con los Estados parte y las víctimas.
El Gobierno venezolano ha utilizado reiteradamente la narrativa de la persecución política para desacreditar a la CPI y ha condicionado incluso el diálogo político interno a la suspensión de la investigación internacional. En este contexto, la crisis en la Fiscalía podría ser aprovechada para reforzar esta estrategia, solicitando nuevas dilaciones o cuestionando la imparcialidad del proceso.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la posible ralentización de la investigación y la afectación a las expectativas de justicia de miles de víctimas venezolanas.
La relevancia de la situación Venezuela I radica en que representa uno de los escenarios más complejos de la tensión entre la jurisdicción internacional y la soberanía estatal en América Latina. Mientras otros países, como Filipinas y Hungría, han optado por retirarse del Estatuto de Roma para evitar el escrutinio internacional, Venezuela mantiene un doble discurso que combina compromisos formales con la Corte y prácticas sistemáticas de impunidad y represión. La continuidad y eficacia de la investigación internacional son cruciales para romper este ciclo y garantizar la rendición de cuentas.
Asimismo, la crisis en la Fiscalía coincide con un momento clave en la investigación venezolana, cuando las víctimas esperan la imputación de los responsables de los crímenes cometidos, basándose en la abundante evidencia que han enviado y la ausencia de avances genuinos en el sistema de justicia interno.
Más allá de Venezuela, la crisis en la CPI pone en evidencia la fragilidad de la justicia penal internacional frente a presiones políticas y desafíos éticos internos. La legitimidad de la Corte depende no solo de su capacidad para investigar y sancionar crímenes internacionales, sino también de su integridad institucional y su transparencia en la gestión de denuncias internas. La investigación contra Khan debe ser un llamado a la reforma profunda de los mecanismos internos de la CPI para garantizar la independencia, la eficacia y la protección de quienes denuncian abusos.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La Fiscalía de la CPI enfrenta una crisis sin precedentes, en la cual la combinación entre la presión diplomática y el acompañamiento de la sociedad civil serán fundamentales para evitar que la investigación sobre Venezuela y otros casos emblemáticos se conviertan en víctimas colaterales de esta turbulencia.
La justicia internacional, que representa una esperanza para miles de víctimas en todo el mundo, debe demostrar que puede aplicarse a sí misma los estándares que exige a los Estados.
La licencia temporal de Karim Khan como fiscal jefe de la CPI representa un punto de inflexión para la justicia internacional. La capacidad de la Fiscalía para mantener el impulso de sus investigaciones, la firmeza del juzgado frente a maniobras dilatorias y la solidaridad de la comunidad internacional serán determinantes para que la CPI continúe siendo un instrumento efectivo contra la impunidad.
