Publicado: agosto 5, 2025, 12:00 pm
Luego de casi 2 meses de las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional (AN) y de gobernadores, el Estado venezolano volvió a celebrar comicios. En esta ocasión fueron elecciones municipales para elegir 335 alcaldes y 2.182 concejales, en las que el Gran Polo Patriótico (coalición oficialista) se adjudicó el 85 % de las alcaldías, mientras que la oposición obtuvo el 15 %.
A continuación, se muestran las principales características de este proceso en cinco puntos clave.
1. Información oficial sobre electores
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó, casi a la medianoche (11:43 p. m.), que participaron 6.273.531 «electores activos», un concepto cuyo significado no se explicó, pero que se indicó que representa un 44 % de participación. Además, se anunciaron en ese momento resultados «con tendencia irreversible» en 304 cargos de alcaldes (94,74 %), incluyendo municipios clave como Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre de la Gran Caracas.
En consonancia con el anuncio oficial de una alta participación, la jornada electoral fue prorrogada hasta las 8:00 p. m., bajo la justificación de que había electores en fila.
2. Proceso electoral exprés
Como Acceso a la Justicia ya explicó anteriormente, se trató de un proceso electoral exprés, al haberse iniciado con una convocatoria adelantada sin justificación institucional, pese a que el mandato de alcaldes y concejales vence en noviembre de 2025. Esto viola el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que exige al menos 6 meses de preparación, mientras que la convocatoria se hizo solo con 53 días de antelación, y el Registro Electoral se cerró el mismo día de la convocatoria (4 de junio), impidiendo inscripciones o actualizaciones.
Además, la campaña electoral duró apenas 14 días (del 11 al 24 de julio), según la Norma especial sobre la campaña electoral para las elecciones municipales 2025, publicada en la Gaceta Electoral n.º 1.122, lo que se conoció a pocos días de iniciarse la campaña por algunos medios de comunicación y redes sociales, pues la página web del CNE no está en línea desde las elecciones presidenciales del año pasado.
Esta reducción drástica del lapso impidió una participación efectiva. Al mismo tiempo, a partir de esa normativa se disminuyó arbitrariamente la duración de las campañas, limitando la propaganda a 1 minuto diario en televisión por prestador (público, privado y por suscripción) y 2 minutos diarios en radio por emisora, no acumulables. Incluso fue menor que en las elecciones del 25 de mayo, en las que se permitían hasta 3 minutos diarios en TV.
Tampoco hubo simulacro electoral, privando a los votantes de familiarizarse con el sistema, y persistió la falta de información sobre candidaturas, auditorías técnicas, acreditación de testigos electorales, centros electorales.
3. Falta de pluralismo político
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, no participó, al igual que en las regionales y legislativas de mayo. Tampoco lo hicieron otros debido a la intervención judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), imponiendo directivas afines al oficialismo. Un ejemplo de ello es el Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el máximo juzgado mediante la sentencia n.º 1.160 del 11 de agosto de 2023.
A las dificultades de la oposición o de la disidencia para participar, se añadieron inhabilitaciones de la Contraloría General de la República, detenciones de opositores y rechazos arbitrarios de sus candidaturas en municipios estratégicos.
4. Observación internacional cuestionada
Se acreditaron veedores internacionales parcializados, como el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA), junto con observadores nacionales afines al oficialismo.
La presencia del CEELA en las elecciones venezolanas no es nueva. El organismo estuvo presente en octubre de 2017 para la escogencia de los gobernadores y alcaldes y en mayo de 2018 en las presidenciales.
El referido organismo internacional nació en 2004 gracias al financiamiento del Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías. Aunado a ello, la prensa nicaragüense reseñaba en 2008 la ideología de izquierda en la que estaría orientada la creación del organismo y sus estrechos vínculos con países ligados al chavismo.
5. Dos en uno
Junto con las elecciones municipales se llevó a cabo la llamada Consulta Popular Nacional Juvenil, un proceso consultivo de 5.336 proyectos comunitarios dirigido a jóvenes desde los 15 años, pero cuyo contenido no fue debidamente informado. Así, en cada centro electoral se implementó una doble estructura de mesas: una para las municipales (automatizada) y otra para la consulta juvenil (manual), sin información clara del árbitro electoral.
De hecho, la información se encuentra en la página web del Ministerio del Poder Popular de las Comunas, lo que muestra la ausencia absoluta de separación de poderes en Venezuela y la interferencia en los procesos electorales por parte del Gobierno y de su partido.
Otra interferencia que se verificó en el proceso comicial municipal fue que en varios centros electorales había un oficial de seguridad del Estado (Plan República) que invitaba a los votantes una vez que concluían de elegir a pasar a conocer el Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones 2025–2031, lo que podía ser intimidante, además, de constituir propaganda política en un espacio que debería ser neutral.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las pasadas elecciones municipales mostraron un patrón reiterado de falta de garantías, opacidad, exclusión política y ventajismo oficialista, consolidando la percepción de procesos electorales carentes de pluralismo y transparencia. Se trató de una elección exprés, con una campaña más breve y una censura aún mayor que la del pasado 25 de mayo.
De hecho, el árbitro electoral limitó los plazos, redujo la información y actuó con opacidad, lo que afectó la esencia misma del derecho al sufragio. Además, al hacer en paralelo a la elección una consulta manual para jóvenes desde los 15 años sobre «37 mil proyectos en todo el país, los cuales permitirán el impulso de los ámbitos productivos, económicos, sociales, deportivos, científicos y tecnológicos de cada una de las Comunas y Circuitos Comunales de Venezuela», restó aún más neutralidad al espacio electoral.
