Publicado: agosto 15, 2025, 9:00 pm
En una audiencia celebrada el 24 de julio de 2025 titulada Venezuela: ataques contra personas defensoras de derechos humanos, seis organizaciones civiles regionales e internacionales presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información sobre la anulación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Venezuela.
De acuerdo con la exposición de Carolina Guzmán, abogada del Programa Andino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en el último año se han documentado 40 casos de anulación de pasaportes, de los cuales 35 ocurrieron en agosto de 2024, poco después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. Guzmán señaló que, según la información recabada, estas anulaciones no estuvieron acompañadas de justificación oficial ni notificación previa a las personas afectadas.
Las amenazas, las campañas estigmatizantes por parte de funcionarios y medios públicos, y la posibilidad de ser detenido no son los únicos riesgos que enfrentan quienes se dedican a la vigilancia y promoción de los derechos humanos en Venezuela. En los últimos meses, en especial después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se ha consolidado una nueva amenaza: la anulación de los pasaportes.
Según la información presentada, la mayoría de las personas afectadas conocieron la medida al verificar su estatus en el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) o en los controles migratorios, al momento de intentar salir del país.
En algunos casos, indicó Ramiro Orías, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), las anulaciones han coincidido con la imposibilidad de viajar para participar en actividades internacionales relacionadas con la denuncia de violaciones a derechos humanos.
Antesala para algo peor
Durante la audiencia se mencionó el caso de Yendri Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTQ+, quien el 3 de agosto de 2024 fue retenido durante varias horas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar a Ginebra para participar en el 113º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación de Naciones Unidas.
Según Guzmán, algunas personas afectadas también reportaron incidentes adicionales como hackeo de redes sociales, correos electrónicos y teléfonos, así como la apertura de procesos penales por delitos como incitación al odio o terrorismo. En 75 % de los casos, se trató de personas sin un perfil público alto.
Esto dijo Guzmán al respecto:
«El 75 % de los casos las personas afectadas no tenían un perfil público alto, lo que representa un cambio significativo con relación al contexto previo a las elecciones presidenciales, cuando esta medida se aplicaba a líderes políticos, sociales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos de alto perfil».
También se informó a los comisionados de situaciones similares sufridas por familiares de las personas afectadas.
Lo que dice la legislación
La anulación del pasaporte es una posibilidad prevista en el marco legal. Sin embargo, hay unas causales muy específicas para que ello ocurra.
El artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Identificación, relativo a la expedición, renovación y prórroga de pasaportes de 2021, establece que son motivos para dejar sin efecto este tipo de documentos los siguientes:
Robo.
Hurto.
Extravío.
Deterioro considerable del documento que impida su utilización.
Alteración, modificación o enmendadura de los datos contenidos en el documento.
Por orden administrativa o judicial.
No obstante, las organizaciones aseguraron a los comisionados que en ninguno de los casos registrados desde 2024 se cumplieron alguna de estas condiciones.
¿Dónde reclamar?
Debido a la profunda desconfianza en las instituciones públicas y al temor a mayores represalias, la mayoría de los afectados por esta medida rechazaron presentar algún reclamo o exigir alguna explicación a las autoridades, afirmó Guzmán en su exposición ante la CIDH.
Sin embargo, hubo «unos pocos» que decidieron acudir ante la Defensoría del Pueblo o a oficinas regionales del Saime, pero «no obtuvieron respuestas satisfactorias», reveló la miembro de Cejil.
Algunos de los afectados optaron por solicitar un nuevo pasaporte, pero «han tenido que pagar altas sumas de dinero para esto», y al menos dos casos documentados por la organización sufrieron una «doble anulación»; es decir, una vez que el pasaporte fue renovado, el sistema lo reportó nuevamente como anulado, denunció Guzmán.
El costo del pasaporte venezolano para un adulto oscilaba en mayo pasado entre los 216 y 350 dólares, dependiendo si se tramita de manera ordinaria o de forma habilitada, para casos urgentes. Sin embargo, aquellos venezolanos residentes en el exterior deben cancelar además las tasas consulares en las respectivas misiones diplomáticas o asumir los costos de viajar a los países donde estas funcionen.
Contexto general de la denuncia
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), también presente en la audiencia, señaló que la anulación de pasaportes se enmarca en un contexto más amplio de acciones contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y dirigentes políticos.
Según datos presentados por Donovan Ortega (OMCT), en el primer semestre de 2024 se registraron más de 592 ataques contra personas defensoras, y 236 más en lo que va de 2025. Estos incidentes incluyen campañas de estigmatización, intimidación, amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración.
Entre los casos mencionados estuvieron los de Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Carlos Correa (Espacio Público) y Eduardo Torres (Provea). San Miguel y Torres continúan privados de libertad, mientras que Correa fue liberado en enero tras 8 días sin información sobre su paradero.
La anulación de pasaportes sin notificación ni fundamento legal claro puede impactar el ejercicio de derechos constitucionales como el libre tránsito (artículo 50) y el derecho a la identidad (artículo 56) reconocidos en la Constitución de 1999.
Además, puede limitar la posibilidad de acudir a instancias internacionales para presentar denuncias o participar en espacios de incidencia, lo que también está protegido por la carta magna.
Aunque la información presentada ante la CIDH se refiere principalmente a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales, la aplicación de estas medidas a familiares y personas sin alta visibilidad pública indica que su alcance podría ampliarse, afectando a un espectro más amplio de ciudadanos.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La práctica de anular pasaportes violenta varias disposiciones contenidas en la Constitución de 1999. Esto representa una violación a los derechos fundamentales al libre tránsito y a la identidad, reconocidos en los artículos 50 y 56 del texto fundamental, respectivamente.
Como si lo anterior no fuera suficiente, la medida también supone una forma de censura y una obstaculización de la posibilidad de dirigir peticiones a los organismos internacionales, otra garantía también recogida en la norma suprema (artículo 30).
Además, esta medida, como bien denunciaron las ONG ante la CIDH, busca obstaculizar e incluso silenciar las denuncias internacionales de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela.
