En 1995, cuando tenía diecinueve años, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de uno de los músicos más reconocidos de toda la música latina, Daddy Yankee, se casó con Mireddys González, un año menor que él. En todo este tiempo en el que el cantante puertorriqueño ha alcanzado la fama mundial —y con ella también una enorme cantidad de dinero—, ambos siempre se han mostrado reacios a hablar sobre su vida privada.
Han tenido tres hijos Yamilette, Jeremy y Jesaeelys, naciendo la primera cuando ninguno de sus padres había cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, ello no ha impedido que durante tres décadas hayan estado juntos, formando un núcleo familiar sólido, hasta principios de este mismo diciembre, cuando sorprendían a sus seguidores dando a conocer que se divorciaban, dejándose de seguir en redes sociales.
Obviamente, las redes no cesaron de aventurar y barruntar posibles escenarios que hubiesen llevado a la disolución del matrimonio, desde que el autor de Gasolina estaba empezando a verse con la presentadora colombiana Jessica Cediel, hasta el puro desgaste de la convivencia, ya que en el comunicado hablaban de «diferencias» y, desde el principio, se mencionaban a los «abogados».
Y en apenas un par de semanas se supo que había un enorme problema crematístico de fondo. El cantante y productor de 48 años presentaba a mediados de mes una demanda contra su todavía esposa, de 47, y contra la hermana de esta, Ayeicha González, su cuñada, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
En ella las acusaba de haber realizado, sin su conocimiento ni su autorización previa, varias supuestas transferencias no autorizadas desde las cuentas bancarias corporativas de dos de sus empresas a sus propias cuentas particulares por una suma que ascendía a 100 millones de dólares. Las corporaciones son El Cartel Records, de la que se habrían retirado 80 millones, y Los Cangris Inc, de donde provenían los 20 millones restantes.
Tanto el artista como su esposa, en sendos mensajes a través de sus perfiles de Instagram, se refugiaban en su «fe cristiana» [él] y en «Papito Dios» [ella], si bien los fans han tomado rápidamente partido por el creador de algunos de los mayores éxitos del género urbano en los últimos años. Y es que, en su denuncia, la defensa de Yankee explicaba que su cliente llevaba bastante tiempo solicitando a su futura exmujer el acceso a su estatus financiero, información que jamás obtenía.
«La poca información provista es limitada; impidiendo que el Sr. Ayala tenga conocimiento y transparencia sobre las gestiones corporativas, sus finanzas, y los compromisos que en su nombre y con sus marcas hayan hecho», explicaba el abogado, que poco después conseguía que el juez Anthony Cuevas, encargado del caso, realizara una vista previa para intentar solucionar el pleito con un acuerdo a través del diálogo.
Y lo consiguieron tras poco más de una hora en privado. Daddy Yankee y las hermanas González acordaron, en dicho encuentro presencial en el Centro Judicial de San Juan, que el artista pasaría a ser «el único oficial y representante» de ambas corporaciones, siendo el paso de funciones el pasado 26 de diciembre.
Asimismo, también se estipuló que no podrían ser tocados ni traspasados de cuentas ninguno de los recursos económicos de ambas corporaciones —unos 75 millones de dólares— durante un tiempo limitado hasta que se produjese el cambio de poderes, añadiendo que cualquier transacción de más de 100.000 dólares deberá ser autorizada por ambos, ya que Mireddys González continuará como accionista. Por último, desde la presidencia se deberán presentar informes mensuales de sus operaciones.
Y parecía que así se acababa el caso, si no fuera porque todo dio un giro inesperado cuando Daddy Yankee, la noche del pasado viernes 27, registró una nueva moción urgente de solicitud de desacato reiterado al tribunal puertorriqueño por el incumplimiento del acuerdo alcanzado. Esto se debía a dos razones: la primera, que las demandadas no se habían presentado una nueva reunión acordada por las partes; la segunda, que esa reunión se debía a que «en síntesis, no se cumplió a cabalidad con la orden del Tribunal», como explicó al defensa del artista.
Esto se debía a que Mireddys y Ayeicha habían cumplido, enviando su certificado de renuncia. Y sin embargo, los documentos que habían presentado no eran los que se pedían porque «nada tiene que ver con los accesos y requerimientos corporativos». «Por todo lo cual, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal se dé por informado de lo expuesto y declare con lugar la presente moción», terminaba el recurso legal.
Y al juez Anthony Cuevas no le ha quedado más remedio que darle la razón al músico, emitiendo este pasado sábado una orden de advertencia a la mujer y a la cuñada de Daddy Yankee: si no entregan los accesos digitales de las dos corporaciones al cantante antes de que se acabe el año «se procederá a ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato civil».
Un ultimátum para las hermanas González, por el que su abogada, Pilar Pérez Rojas, se ha comprometido a que ambas enviarán las cartas de renuncia de sus cargos corporativos y entregarán las contraseñas para acceder a los servicios electrónicos de las empresas, así como toda la información contable, legal y bancaria de las mismas. Es decir, lo que se estableció ya en el primer acuerdo.