Publicado: junio 23, 2017, 6:13 pm
La Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lamentó que el gobierno venezolano haga caso omiso a todas las recomendaciones sobre sus políticas de empleo, hechas en la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en junio de 2016 en Ginebra, Suiza, revela el informe de esa instancia de la entidad multilateral.
El poder Ejecutivo venezolano se ha negado a aceptar la visita al país de una misión tripartita de expertos para evaluar el estatus del cumplimiento del convenio 122 sobre políticas de fomento al empleo decente con salario digno.
En el marco de la 106 Conferencia de la OIT de Ginebra, la Comisión abordó, junto con los representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores, el caso Venezuela, con el objetivo de que las autoridades del trabajo presentaran un plan de correctivos a los a incumplimientos; pero, no lo hizo.
En la OIT es poco frecuente que patronos y trabajadores lleven quejas sobre un mismo convenio, pero en el caso venezolano los reclamos provienen de la Organización Internacional de Empleadores, Fedecámaras y las centrales obreras ASI, CTV, CGT, Codesa y Unete.
El informe indica que la OIE y Fedecámaras “sostienen que no existe dentro de la planificación macroeconómica del país una política coordinada para la ejecución conjunta de planes de empleo”, lo cual se refleja en el avance de la pobreza y la pobreza extrema de 53% a 76%; y de 25% a 53%, respectivamente, entre 2014 y 2016.
Anota la demanda que Venezuela registró la inflación acumulada de 565% entre 2015 y 2016, además que “un gran número de empresas están inoperativas por falta de materias primas y la producción está seriamente restringida”.
La Comisión también tomó nota de las observaciones de la OIE y Fedecámaras en cuanto a que el gobierno continúa incumpliendo su obligación de consultar a los representantes de los empleadores y de los trabajadoresla política de empleo y fijación del salario.
Fedecámaras, con cerca de 300 cámaras empresariales afiliadas, tiene 17 años sin ser consultada por el gobierno para fijar el salario mínimo. Refieren que el gobierno incumplió el compromiso con el Consejo de Administración de la OIT, en marzo de 2016, de desarrollar un plan de acción para conformar una mesa de diálogo, y generar un cronograma de reuniones con la representación más legítima de los empresarios y las organizaciones obreras independientes.
