Publicado: abril 5, 2017, 9:20 pm
Las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en las cuales señala que las sentencias recientes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) atentan contra el modelo político establecido en la Constitución de 1999 y significan una ruptura del hilo constitucional, no solo han generado impacto político en el gobierno y el chavismo, también han puesto a correr a las autoridades económicas.
El gobierno de Nicolás Maduro necesita apoyo financiero para cerrar una brecha fiscal que se estima, conservadoramente, en unos 10.000 millones de dólares. Con ese fin, se han venido negociando préstamos, tanto con otros países como con organismos multilaterales. Además, se han tomado medidas para facilitar el acceso de inversiones extranjeras, especialmente en petróleo y minería, y se han establecido facilidades para fomentar las exportaciones.
Parte de ese proceso es el restablecimiento de las subastas de divisas -que están vigentes desde que se adoptó el Sicad II-, ahora bajo el paraguas de un nonato Dicom, que se decretó, pero no se implantó.
Fuentes financieras han venido señalando que empresas internacionales y gobiernos posibles financistas del Ejecutivo venezolano, han expresado dudas sobre la validez de los contratos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Hasta ahora, la administración Maduro ha vendido la idea de que las acciones del TSJ contra el parlamento están dentro de las más estricta legalidad.
Pero, con las declaraciones de la Fiscal General, la cosa se ha complicado y ello queda claro con el comportamiento bajista de los bonos de la República y de Pdvsa, el pasado viernes.
Además, está el rechazo amplio de la comunidad internacional a la acción del TSJ, que despoja «temporalmente» de competencias a la Asamblea Nacional, que también tiene una influencia clara en los mercados financieros.
LAS EMPRESAS MIXTAS
El diputado Elías Matta, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas de la AN, recordó que el origen de la sentencia judicial que decreta el vacío legislativo y otorga poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, se relaciona concretamente con la renegociación de las condiciones en las que operan las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco.
De acuerdo con el parlamentario, cambiar la composición accionaria de las compañías existentes -donde por Ley el Estado tiene un mínimo de 51% del capital- o crear nuevas, requiere aprobación parlamentaria, de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución y el 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Además, están las inversiones supuestamente pactadas para el desarrollo del «Arco Minero», en el estado Bolívar, las cuales tampoco han pasado por el control parlamentario, que impone la carta fundamental.
Para el diputado Matta, estos convenios son nulos y cualquier compromiso que asuma el gobierno, bajo el amparo de las sentencias del TSJ, puede ser desconocido en el futuro. El parlamentario fue enfático al señalar que los potenciales socios del gobierno deben conocer el marco jurídico venezolano, antes de concertar acuerdos.
LA SITUACIÓN JURÍDICA
El nerviosismo inmediato que se registró en las altas esferas del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, según reportan fuentes de ambas entidades, obedece a que tendrán que ver cómo desmontan los argumentos de la Fiscal Ortega ante prestatarios, acreedores y proveedores, temerosos estos últimos de no cobrar ante un cambio de circunstancias políticas.
La cuestión no es fácil, porque el organismo que dirige Luisa Ortega Díaz monopoliza la acción penal en Venezuela y califica la comisión de delitos. La ruptura del orden Constitucional es un delito que la Fiscal ha denunciado públicamente, aparentemente -eso sí- sin la intención de abrir juicios, pero si alguien -como ya lo han hecho diputados de la AN- los solicita ante el Ministerio Público, sería muy raro que la Fiscalía no les diera curso, después de las declaraciones públicas de su titular.
Por lo tanto, se ha complicado la estrategia financiera del gobierno.
Quizás, esta no sea la consecuencia más grave, pero debe tomarse en cuenta en un año especialmente difícil en materia económica y financiera
Por: Armando J. Pernía
