Publicado: julio 1, 2017, 4:40 pm
El gobierno estudia nuevas medidas para tratar de sofocar las protestas permanentes en las calles del país, especialmente en este mes de julio cuando se realizará la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por el presidente Nicolás Maduro.
Según trascendió en fuentes políticas vinculadas al oficialismo, existen varias posiciones sobre cómo contener el clima de protestas, cuya duración ha superado todos los cálculos en el Ejecutivo.
Hasta ahora, se ha impuesto la línea dura que postula escalar permanentemente la represión, pero esta vía ha supuesto una enorme erosión de la imagen de la administración Maduro, sobre todo en el escenario internacional, por lo que han aparecido dudas sobre si continuar por este camino.
El gobierno teme la imposición de sanciones económicas, que podrían afectar la facturación -ya menguante- por exportaciones petroleras, ya que hay un creciente malestar en importantes bloques multinacionales, como la Unión Europea por el ya elevado número de muertos en las manifestaciones, aparte de las miles de detenciones reportadas, con denuncias de presuntas violaciones de los Derechos Humanos.
El ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en diversos intentos de mediación de un diálogo político en el país, advirtió a Maduro sobre este asunto y le habría pedido al Jefe de Estado venezolano que se buscaran fórmulas para tratar de evitar estos incidentes.
El gobierno insiste en que la violencia proviene de las filas opositoras, pero en su periferia política reconocen que ha fallado la estrategia para posicionar esta tesis, sobre todo en el escenario internacional, lo que explicaría la salida de la ex canciller Delcy Rodríguez, aunque la versión oficial es que se postuló a la Constituyente.
El gobernador Henrique Capriles espera medidas excepcionales de represión en las próximas semanas.
¿INGOBERNABILIDAD INDUCIDA?
La propuesta que priva en los sectores que rodean al presidente Maduro es declarar un estado de conmoción interior con suspensión de garantías constitucionales, antes del 30 de julio.
Señalan las fuentes consultadas que Maduro está de acuerdo, pero no tiene seguridad sobre si existe consenso, tanto en el chavismo civil, como en la Fuerza Armada Nacional para tomar esta decisión.
La actuación de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, genera un gran ruido, especialmente dentro del chavismo, porque han aparecido muchos sectores y dirigentes que, al interior del movimiento, están de acuerdo con las posiciones de la titular del Ministerio Público.
Entre tanto, en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática esperan que el gobierno incremente su aparente estrategia de inducir mayor ingobernabilidad en los próximos días, a través de la acción de sus supuestos «grupos paramilitares».
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky, ha señalado que la declaratoria de un estado de conmoción interior con suspensión de garantías, militarización de ciudades, y medidas restrictivas de la movilización interior pueden ser tomadas en las próximas semanas.
Por: Armando J. Pernía
