Publicado: junio 14, 2017, 9:21 am
Las acciones tomadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, configuran el antecedente jurídico necesario para que se produzca un llamado a la desobediencia civil en Venezuela, en el marco de los artículos 333 y 350 de la Constitución, como respuesta a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.
Esto es lo que señalan los artículos citados de la Constitución:
Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
De acuerdo con un documento de escenarios políticos y sociales que se distribuyó entre los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y al cual varios medios tuvieron acceso, la paralización surge como la principal posibilidad de acción para la oposición.
Igualmente, fuentes vinculadas a sectores chavistas críticos sostienen que esta es, por ahora, la única posibilidad de parar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Sobre la ANC existen tres consensos aparentemente claros: que es rechazada por 85 % de los venezolanos, cosa que queda patente en la más reciente encuesta de Datanálisis; que su convocatoria es inconstitucional e írrita, como lo han señalado incluso los Colegios de Abogados del país; y que su objetivo es instaurar un régimen político hegemónico y autoritario, que radicalice los controles económicos y sociales.
El chavismo disidente, incluso dentro de la estructura del gobierno, se ha venido organizando, en función de abrir un debate interno, pero ello no ha sido posible, de manera que se espera que estos sectores asuman una posición más beligerante en los próximos días.
PRÓXIMOS PASOS
Según ha trascendido en la Asamblea Nacional -que sería automáticamente disuelta por una eventual ANC-, la Fiscalía General de la República ha enviado claras señales de que hay que agudizar el conflicto institucional, de manera que el parlamento designará un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en las próximas dos semanas.
El clima de conflictividad social se mantiene y se espera una respuesta superior a 70 % de la población a cualquier llamado de radicalización generalizada de la protesta, en diferentes escenarios.
Los próximos días serán cruciales para la Asamblea Nacional y la dirigencia opositora. Por ahora, las reuniones son constantes y los escenarios cambian a velocidad vertiginosa.
