Publicado: abril 28, 2017, 4:18 am
Carlos Ayala, abogado especialista en Derecho Público y en Derechos Humanos, señala que la declaración de la canciller Delcy Rodríguez de retirar a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es una “bravuconada”, ya que si un Estado miembro no está de acuerdo con decisiones que se tomen, tiene el derecho de no acatar la decisión o retirarse de la organización.
Ayala afirma que salirse de la OEA no es cosa fácil, “implica denunciar su tratado constitutivo y eso tiene unos pasos complejos porque si tú planteas la denuncia del tratado y la notificas ante la Secretaría General, aún tienen que transcurrir dos años para que se haga efectiva”, es decir, en el transcurso de los dos años siguientes, luego de notificar el retiro, Venezuela seguirá siendo un Estado miembro y debe seguir cumpliendo sus obligaciones internacionales.
Dejar de ser Estado miembro tiene repercusiones en el área de derechos humanos, área de cooperación financiera, científica, de salud, cultural, ambiental, entre otras.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un banco que presta ayuda financiera sólo a los Estados miembros de la OEA. “Hay muchos que dicen que el interés de Cuba por regresar al Sistema Interamericano era básicamente por el tema financiero”, comenta el abogado.
Carlos Ayala expone que pretender escapar del Sistema Interamericano implicaría una serie de “graves consecuencias” que haría pensar que se estaría violando no solamente el derecho internacional, sino también el derecho constitucional venezolano, ocasionando un aislamiento y alejando futuros inversionistas.
“De alguna manera la Carta de la OEA goza de esa situación especial de la Carta Magna que le da rango constitucional a los tratados relativos a derechos humanos”
El Estado Venezolano históricamente ha estado vinculado al Sistema Interamericano, no el gobierno de turno. La actitud responsable que se debe tomar, por parte del gobierno, es adoptar una posición de Estado, teniendo en cuenta que este está integrado por todos los poderes públicos, por la población y por los distintos sectores que existen en el país.
«Lo normal es que haya una actitud de apertura, de reconocimiento de los abusos y de restablecimiento de la normalidad institucional”, asevera Ayala.
Así mismo Carlos Ayala deja en claro que la aplicación de la Carta Democrática no amerita la suspensión del país. “Tiene que ver con ir gradualmente aplicando mecanismos diplomáticos para la solución de la crisis y el restablecimiento del orden constitucional”.
Un ejemplo de ello sería que en la reunión de cancilleres se cree una misión de cancilleres del hemisferio que venga a Venezuela y recopile información de la situación; rendir un informe a la asamblea de cancilleres; y proponer salidas para el restablecimiento del orden constitucional. “Venezuela tendría que cooperar con esas iniciativas”, asegura Ayala.
